Incendio en barco de Van Camps destapó escándalo: denuncian que pescadores no tienen seguridad social

El accidente marítimo que se registró en la noche del martes 16 de septiembre en Cartagena volvió a poner en el ojo público las operaciones de la empresa Seatech International, fabricante del atún Van Camp’s. En el muelle de la compañía, el barco Enterprise —identificado con IMO 7720219— presentó un incendio en su cuarto de máquinas, lo que obligó a la activación de protocolos de emergencia.

Aunque las autoridades confirmaron que la conflagración fue controlada, el hecho no pasó desapercibido para los trabajadores y para el Congreso. El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, aseguró que los tripulantes del Enterprise carecían de seguridad social y de aseguramiento contra accidentes laborales. “Estamos ante un problema de derechos humanos en altamar”, advirtió, al tiempo que anunció un debate de control político para esclarecer la situación.

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El Enterprise integra una flota que zarpa regularmente desde Cartagena, atraviesa el canal de Panamá y desarrolla faenas en el océano Pacífico. Estos barcos son los encargados de surtir de materia prima a Seatech, empresa que desde hace años ha sido cuestionada por el vínculo con su cadena de abastecimiento.

Aunque la compañía reiteró en varias ocasiones que no tiene relación directa con la fuerza laboral que pesca el atún ni con la propiedad de los barcos, que actualmente figuran a nombre de armadores internacionales, documentos oficiales revelan que en 2018 el Enterprise estuvo registrado directamente a nombre de Seatech, según consta en el Registro de embarcaciones pesqueras de la Aunap.

El accidente se suma a otros hechos trágicos en la misma flota. En junio de 2024, el barco Sea Gem se hundió en aguas del Pacífico, cerca de Samoa, tras una explosión e incendio a bordo. En esa ocasión desapareció un marinero ecuatoriano cuya esposa denunció que su esposo no contaba con seguridad social y que la empresa no le reconoció indemnización ni acompañamiento.

Las denuncias en torno a la precariedad de las condiciones de los pescadores contrastan con la relevancia de Van Camp’s en el mercado colombiano, donde la marca se ha consolidado como líder en el sector de enlatados. El incendio del Enterprise, más allá de ser un hecho puntual, abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad empresarial en la protección de los trabajadores que sostienen la cadena pesquera.

Otro escándalo en altamar

El hundimiento del buque pesquero Sea Gem, ocurrido el 28 de junio de 2024 cerca de Samoa Americana, destapó una serie de denuncias que desde hace años persiguen a Seatech International, empresa dueña de la marca Van Camps. La tragedia dejó un tripulante ecuatoriano desaparecido y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre las condiciones laborales de los marinos que abastecen a la compañía atunera más grande del país.

En Cartagena, extrabajadores de Seatech protestaron frente a la planta de Mamonal para denunciar que nunca fueron afiliados a seguridad social ni a aseguradoras de riesgos laborales, a pesar de haber trabajado por décadas en la compañía o sus filiales. Entre los manifestantes estaba Luz Eneida Gutiérrez, esposa del marino desaparecido en el naufragio, que reclamó atención y garantías por parte de la empresa. “Pensé que por respeto a una persona que laboró más de 20 años en la compañía iban a comunicarse conmigo, pero no he tenido respuesta”, dijo a El Espectador.

Las quejas no son nuevas. Desde 2012, la Unión de Marinos Mercantes y de Pesca Colombianos (Unimpescol) alertó al Ministerio de Trabajo que Seatech tenía a su cargo 12 barcos atuneros, con un 80% de tripulación extranjera, sin afiliación al sistema de seguridad social. La empresa, sin embargo, insistió en que no mantiene vínculos laborales directos con los pescadores, pues los contratos los firman empresas asociadas como Tuna Atlantic u Ocean Trading, registradas en el extranjero.

Documentos revisados por el mismo diario muestran lo contrario, contratos con cláusulas que fijan salarios “a destajo”, sin reconocer horas extras ni prestaciones sociales. Incluso, familiares de marinos fallecidos en accidentes a bordo presentaron demandas en Panamá y Ecuador, mientras otros recibieron indemnizaciones que la compañía niega haber pagado.

Las inspecciones del Ministerio del Trabajo tampoco lograron esclarecer la situación. Capitanes han impedido el acceso a los barcos y agencias intermediarias se declararon sin competencia para entregar contratos. En ese limbo jurídico, los marinos quedan expuestos a jornadas extenuantes, riesgos de naufragio y la ausencia de garantías básicas.