El Centro Democrático radicó ponencia para archivar la reforma a la salud de Gustavo Petro: “Una amenaza para los colombianos”

La reforma al sistema de salud en Colombia, promovida por el gobierno de Gustavo Petro, enfrenta una oposición decidida en el Congreso, en medio de los recientes anuncios sobre el reinicio de los debates para su aprobación o hundimiento.

De hecho, en la tarde de este miércoles 17 de septiembre, los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, presentaron ante la Comisión Séptima del Senado una ponencia negativa que solicita el archivo definitivo del proyecto de ley.

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Según los opositores, la iniciativa representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal del país y la atención de millones de pacientes, además de generar incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.

El documento radicado por los senadores argumenta que la reforma carece de respaldo financiero claro. El Ministerio de Hacienda estimó que el costo de implementación para el primer año, 2026, sería de $109 billones, sin que se haya precisado de dónde provendrán esos recursos, especialmente cuando el Presupuesto General de la Nación ya presenta un déficit de $26 billones.

Además, el Centro Democrático señala inconsistencias en las proyecciones de ingresos del sistema: en menos de un año, las estimaciones oficiales han variado en más de $300 billones, pasando de $1.260 billones para el periodo 2025-2034 a $1.576 billones para 2026-2036, sin justificación técnica ni identificación de nuevas fuentes de financiación.

La ponencia negativa también advierte sobre los riesgos de centralizar la administración de los recursos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

El proyecto propone que la Adres sea el único ente encargado de manejar y distribuir los fondos, realizando el 85% de los pagos sin auditoría previa. Los senadores citan el caso de la Nueva EPS, administrada por el Gobierno desde abril de 2024, que en un año acumuló irregularidades por $10,5 billones en anticipos sin legalizar, $8,7 billones en facturas sin procesar y $21,3 billones en cuentas por pagar.

Para los opositores, este modelo estatal incrementaría la burocracia y reduciría la transparencia, lo que podría facilitar actos de corrupción y poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema.

“La reforma propone que la ADRES, sea la única que maneje y distribuya los recursos de la salud, realizando el 85% de los giros a ciegas y sin auditoría. Esto no solo crearía una burocracia inmensa y menos transparente, sino que ya ha mostrado serias fallas”, señaló la colectividad.

En cuanto a la atención de los pacientes, el Centro Democrático sostiene que la reforma no garantiza la continuidad de los tratamientos, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas o de alto costo.

El texto del proyecto establece que las EPS seguirán prestando servicios hasta que se creen las nuevas redes de salud, pero no detalla cómo se aseguraría una transición sin interrupciones ni cómo se haría un seguimiento personalizado a los pacientes. Esta falta de claridad, según los senadores, podría traducirse en interrupciones de tratamientos y en una mayor fragmentación de responsabilidades entre los distintos actores del sistema.

El documento de la ponencia negativa también critica el cambio de modelo propuesto, que elimina el aseguramiento privado y mixto para dar paso a un sistema esencialmente público.

Los opositores consideran que esto representa un retroceso hacia el antiguo Seguro Social, caracterizado por largas filas, escasez de medicamentos y demoras en la atención, problemas que el sistema actual ha logrado mitigar en las últimas décadas.

Además, advierten que la reforma no resuelve el déficit de personal médico ni las dificultades de acceso en zonas rurales, y que la creación de nuevas instancias y funciones para las entidades territoriales no está acompañada de los recursos necesarios para su implementación.

Como alternativa, el Centro Democrático propuso fortalecer el sistema actual mediante el aumento de recursos sin recurrir a nuevos impuestos, la mejora de las condiciones laborales del personal de salud, la agilización de la entrega de medicamentos y autorizaciones, el fortalecimiento de la atención en zonas rurales y la implementación de mecanismos de control y transparencia.

Entre sus propuestas destaca la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y la exigencia de acreditación y garantías de pago para las EPS.

Desde su radicación en la Cámara de Representantes en 2024, la reforma ha sido objeto de debates, audiencias públicas y mesas técnicas, en las que se han recogido propuestas y críticas de diversos actores del sector salud. Sin embargo, la ponencia negativa subraya que el diálogo no ha sido suficientemente inclusivo ni transparente, y que persisten dudas sobre la viabilidad financiera y operativa de la iniciativa.

El Centro Democrático concluye su ponencia reiterando la solicitud de archivo del proyecto de ley, argumentando que la reforma, tal como está planteada, no solo es inviable desde el punto de vista fiscal, sino que pone en riesgo los logros alcanzados por el sistema de salud colombiano en términos de cobertura, equidad y protección financiera para los ciudadanos. Los senadores afirman que cualquier cambio debe orientarse a fortalecer y mejorar el sistema existente, no a desmantelarlo.

La decisión sobre el futuro de la reforma a la salud queda ahora en manos de la Comisión Séptima del Senado, a la que los ponentes han solicitado archivar el proyecto y abrir un nuevo espacio para la construcción de soluciones efectivas y responsables para el sistema de salud en Colombia.