Denuncian sobrecostos y fallas en ayudas técnicas para personas con discapacidad en Bogotá: padres rechazan cierre de aulas de apoyo

El debate sobre las condiciones de entrega y gestión de las ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad en Bogotá generó alerta entre sectores políticos y la comunidad educativa de la ciudad. Durante una sesión de control político citada por el concejal Andrés Onzaga, se expusieron serias dudas acerca de la contratación, ejecución y calidad de los dispositivos de asistencia personal que distribuye el distrito, así como una creciente preocupación por la posible reducción de espacios educativos adaptados.

Onzaga señaló que, entre 2021 y 2024, el distrito destinó más de 51.000 millones de pesos a la adquisición y distribución de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Según sus proyecciones, el presupuesto para este rubro en el próximo cuatrienio (2025-2028) aumentaría a cerca de 104 mil millones de pesos.

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Sin embargo, el concejal advirtió que el incremento presupuestal no garantiza por sí mismo el respeto a los derechos de esta población. “De nada sirve aumentar el presupuesto si las ayudas que reciben las personas con discapacidad son de mala calidad o presentan supuestos sobrecostos que vulneran sus derechos. Cada peso que se pierde es una oportunidad negada para que alguien recupere su independencia y dignidad”, afirmó Onzaga durante el debate.

Dentro de los hallazgos presentados, el concejal destacó supuestos sobrecostos de hasta el 695% en la adquisición de elementos como bastones, relojes braille y cuadernos de escritura braille. Además, denunció la concentración de la contratación en pocas empresas, como Tu Salud IPS, que, según el concejal, mantiene convenios con más de 15 Fondos de Desarrollo Local. Otro punto crítico es el retraso en la suscripción de convenios para 2025, lo que podría poner en riesgo el cumplimiento de las metas de cobertura planeadas por el Distrito.

La calidad de los dispositivos y su entrega también fueron motivo de denuncia, pues ciudadanos reportaron la recepción de ayudas técnicas defectuosas o con materiales deficientes, situación que pone en peligro la seguridad de los usuarios finales. En ese contexto, Onzaga insistió en la necesidad de actualizar el Acuerdo 603 de 2015, que regula la entrega de estos apoyos. “Debemos migrar hacia ayudas tecnológicas que verdaderamente respondan a las necesidades de la población y garanticen inclusión”, subrayó el concejal.

Onzaga llamó a la Administración distrital y a los entes de control a garantizar transparencia, calidad y eficiencia en la gestión de ayudas técnicas. Enfatizó que este sistema no debe ser visto como un acto de caridad, sino como una obligación para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Paralelamente, al debate, el martes 9 de septiembre se realizó una reunión en el Concejo de Bogotá con la presencia de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el concejal Onzaga y padres de familia de estudiantes con discapacidad. Durante el encuentro, se abordó con preocupación la decisión de la administración de revisar los casos de estudiantes que actualmente reciben formación en aulas de apoyo, con la intención de trasladarlos a aulas convencionales.

Padres, madres de familia y cuidadores manifestaron su rechazo frontal a esta medida, al considerarla como un cierre encubierto de las aulas de apoyo. Según los asistentes, esta decisión pondría en serio riesgo el derecho a una educación de calidad de cientos de niñas y niños con discapacidad en Bogotá.

Actualmente, la capital cuenta con 42 colegios dotados de aulas de apoyo, donde estudian cerca de 1.500 estudiantes con discapacidad. Este sistema es respaldado por 123 docentes de apoyo pedagógico, quienes acompañan los procesos formativos de la población beneficiaria. En su conjunto, más de 6.000 estudiantes con discapacidad se benefician de esta estructura pedagógica, de los cuales 221 presentan discapacidad múltiple y casi 1.000 viven con Síndrome de Down.

Durante la reunión, familias y educadores recordaron que estas aulas de apoyo han demostrado ser espacios pedagógicos clave para garantizar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, protegiéndolos además de situaciones adversas en las aulas regulares, como el bullying. Los voceros de las familias indicaron: “La educación inclusiva no se trata de invisibilizar las diferencias. Las aulas de apoyo son una herramienta de dignidad, no de segregación. Cerrarlas sería un retroceso en los derechos adquiridos de las personas con discapacidad”.

El llamado del Concejo de Bogotá y del concejal Onzaga a la Secretaría de Educación es claro: preservar y fortalecer las aulas de apoyo con más recursos humanos, técnicos y pedagógicos. Insisten en que la inclusión no puede traducirse en la precarización de la atención ni en desconocer la realidad de los estudiantes con discapacidad.