
La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, expresó críticas frente a la sentencia impuesta al secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el desarrollo del proceso de justicia transicional.
López sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debería establecer restricciones más estrictas para quienes hayan sido condenados por crímenes graves.
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En sus declaraciones, recogidas después de conocerse la decisión de la JEP, Claudia López señaló que “para lograr la desmovilización y que dejaran de matar, con los paramilitares y las Farc hicimos el sacrificio de establecer penas muy cortas, de 8 años. Pero, como mínimo, la JEP debería limitar a los condenados por graves crímenes de las Farc a un sitio de pena específico y no permitir que sean, al mismo tiempo, condenados y congresistas. ¡Sin eso no hay justicia ni reconciliación!”, dijo.
Dijo, durante una entrevista con Caracol Radio que “para desmovilizar a los paras, que fue una tarea que hizo Álvaro Uribe con Justicia y Paz, y para desmovilizar a las Farc, que eran otro tormento de los colombianos, que fue una tarea que hizo Juan Manuel Santos, en ambos procesos pagamos un costo, es pa’ que esa gente entregara las armas, se desmovilizara, dejara de matar, de reclutar, de secuestrar, de desplazar. En ambos casos dijimos que la pena máxima iban a ser ocho años”, explicó.
Y es que trece años después del inicio de las negociaciones de paz, y casi una década después de la firma del Acuerdo, los exjefes de la antigua guerrilla aceptaron públicamente su responsabilidad penal, reconocieron su papel en delitos como la esclavitud y pidieron perdón a las víctimas.
Entre las medidas dispuestas, la JEP ordenó trabajos relacionados con la búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario y reparación simbólica. Estas sanciones, en esencia, se materializarán mediante trabajos como la recolección de datos de víctimas, elaboración de mapas y apoyo a proyectos ambientales en distintas regiones del país.

En ese sentido, López afirmó que, sobre penas máxima de 8 años, “eso es un sacrificio grande, pues porque esa gente se merece una condena de por vida, pero era para que no siguieran matando y no siguieran reclutando. Entonces, que la pena iba a ser cortica ya era un lapo que nos habíamos dado”.
En ese sentido, afirmó que “yo sí quiero hacerle una reflexión a la JEP. Lo menos que los colombianos y las víctimas esperaban es que no es eso que dice pastora, es una carga moral, es un crimen de lesa humanidad. Así es como se lo tienen que decir con claridad. Y segundo, esperábamos que esos señores, está bien, acordamos que no iban a estar en una cárcel, pero en un sitio".-
Continuó: “Digan un sitio donde van a estar allá quietos, detenidos, en la práctica. que es en un sitio para sacar minas, pues quedaron enterradas, para descubrir o para ayudar a encontrar gente que desaparecieron, pero en un sitio, carajo. No puede ser que no le suspendan los derechos políticos. O sea, ¿van a ser condenados y congresistas al tiempo? Eso es inadmisible. Mientras pagan su pena ocho años, no deberían ser congresistas. Es como lo obvio de sentido común".
La sentencia de la JEP
El pronunciamiento de la JEP subrayó que estos crímenes incluyeron asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, según consta en el fallo.
Las cifras reportadas por la Comisión de la Verdad dan dimensión a la tragedia: 127 mil personas asesinadas, 21 mil secuestradas, 12 mil niños reclutados y 50 mil desaparecidas entre 1985 y 2019.
El tribunal de paz resaltó que, aunque lo habitual en crímenes de lesa humanidad es el juzgamiento ante instancias internacionales, este caso representa una excepción porque el proceso se realiza en la jurisdicción colombiana.
La sentencia indica que la antigua cúpula de las Farc no fue condenada solo por secuestro, sino porque los delitos perpetrados alcanzaron el umbral del derecho internacional para considerarse atentados contra toda la humanidad.
Martha Maya, experta en justicia transicional y directora de Ifit, resumió el alcance de la decisión: “Al condenar a las extintas FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad, por asesinato y desaparición forzada, tortura, tratos crueles, entre otras cosas, la sentencia envía un mensaje a la humanidad y deja establecida una verdad innegable e incontrovertible”, según citó La Silla Vacía.
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