Petro volvió a arremeter contra el magistrado Jorge Enrique Ibañez y lanzó fuerte advertencia sobre la Reforma Pensional: “Se anuncia y punto”

El presidente Gustavo Petro respondió a la solicitud del presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, que pidió a la Corte Constitucional más tiempo para entregar las actas relacionadas con la aprobación de la reforma pensional.

El mandatario defendió la validez del proceso legislativo y cuestionó nuevamente al magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez, afirmando que su interpretación jurídica podría afectar varias leyes vigentes en el país.

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A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro aseguró que el verdadero problema es la exigencia de ciertos requisitos para el anuncio de las sesiones. “Aquí el problema no es que la Cámara no haya aprobado la ley pensional, sino que el acta donde se anunció la sesión de aprobación no tiene sino quórum deliberatorio”, explicó el mandatario.

El pronunciamiento de Petro se registró después de que López, presidente de la Cámara e integrante del Partido de la U, enviara un oficio a la secretaría general de la Corte Constitucional solicitando más tiempo para la entrega de información relacionada con las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio. En estas jornadas se habría subsanado un vicio de trámite que podría afectar la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional impulsada por el Gobierno.

La solicitud surge como respuesta a un requerimiento del magistrado Ibáñez, que pidió nuevas pruebas para esclarecer si las sesiones se desarrollaron conforme a los procedimientos establecidos. Entre las exigencias del togado se encuentran: la confirmación de la aprobación de las actas de esas fechas, la identificación de los votos necesarios y obtenidos, así como la verificación de si alguna acta aún está pendiente de votación en la corporación.

Según López, el volumen de documentos solicitados es alto, por lo que pidió una prórroga para cumplir con la entrega completa. Aunque el pasado 5 de septiembre se enviaron algunos archivos, el magistrado señaló que todavía existen faltantes, lo que quedó consignado en un auto emitido el 9 de septiembre.

Debate sobre la legalidad de las sesiones

La discusión se centra en determinar si el trámite cumplió con los requisitos constitucionales. Sectores de la oposición argumentan que la Corte debería emitir un concepto desfavorable sobre la ley, alegando la existencia de nuevos vicios. Uno de ellos está relacionado con la sesión del 27 de junio, donde —según estas voces— se habría aprobado el orden del día sin contar con el cuórum decisorio requerido.

Otro cuestionamiento apunta a la convocatoria misma de las sesiones extraordinarias, pues esta se habría realizado a través de un comunicado de prensa y no mediante un auto o fallo de la Corte Constitucional, como, según los opositores, exige la normativa. Estas observaciones buscan que el alto tribunal declare la nulidad parcial o total de la reforma pensional.

Petro, por su parte, insistió en que la interpretación jurídica del magistrado Ibáñez podría poner en riesgo no solo esta ley, sino otras normas vigentes. “El magistrado Ibáñez quiere volver doctrina política algo que acabaría no solo la ley pensional sino media legislación. Se anuncia y punto. El anuncio no requiere aprobación”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado agregó que, de acogerse la tesis del togado, se podrían caer muchas leyes que fueron anunciadas con cuórum deliberatorio, pero sin aprobación formal del anuncio. “Vamos a una trampa. Se caerían todas las leyes que no han tenido anuncios con cuórum y no se han aprobado, es decir, la mayoría”, recalcó en su publicación.

El Ejecutivo ha manifestado en varias oportunidades su inconformidad con el manejo del caso por parte del magistrado Ibáñez. Petro ha señalado que existe una intención de dilatar el proceso. En una declaración anterior, el presidente afirmó que “Ibáñez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral”.

Por su parte, el magistrado Ibáñez ha defendido su actuación asegurando que la demora en el proceso responde a la falta de información completa por parte de la Cámara de Representantes. Según el ponente, “mientras no se nos suministre la información correspondiente, no se puede avanzar y en ese sentido no es responsabilidad de nadie”.