El lunes 15 de septiembre, la decisión del Gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas generó múltiples reacciones.
Entre ellas, se destacó la de Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), pues expuso la visión del gremio frente al anuncio de la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas y detalló sus posibles implicaciones.
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El dirigente gremial sostuvo a través de un mensaje en redes sociales que la medida tomada por Washington constituye un llamado de atención directo al Gobierno colombiano. “La desertificación en la lucha contra las drogas señala que el Gobierno colombiano no cumplió con las metas esperadas, sin embargo, no considera imponer sanciones económicas o recortar la ayuda económica...!!!”, expresó Díaz, en declaraciones recogidas por W Radio.
Con estas palabras, el presidente de Analdex puso de relieve que, pese a la descertificación, Colombia no enfrentará castigos financieros ni un retiro inmediato de cooperación económica por parte de Estados Unidos. Según explicó, la decisión apunta principalmente a evaluar el cumplimiento de compromisos establecidos en materia de reducción de cultivos de uso ilícito y combate al narcotráfico.
La Casa Blanca emitió un pronunciamiento paralelo en el que señaló directamente al actual Gobierno colombiano. El comunicado destacó que “en Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acomodos con grupos narco-terroristas solo han exacerbado la crisis”, según lo reseñado por W Radio.
El documento oficial también hizo referencia a la trayectoria de la cooperación binacional. Según lo manifestado por el gobierno estadounidense, las políticas recientes habrían debilitado avances alcanzados tras años de colaboración contra organizaciones ligadas al narcotráfico. En ese sentido, Washington insistió en la necesidad de recuperar estrategias conjuntas para enfrentar los indicadores en aumento.
Frente a esta situación, el presidente Gustavo Petro se pronunció durante el consejo de ministros realizado el mismo lunes en Bogotá. Desde allí rechazó la decisión de descertificación y aludió a los sacrificios hechos en el país en el marco de la lucha contra las drogas. “Los Estados Unidos nos descertifican después de decenas de muertos, de policías, sobre todo, de soldados y de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína”, dijo el jefe de Estado, citado por W Radio.
En su intervención, el mandatario también argumentó que las acciones desarrolladas en Colombia tienen como destinatario final la sociedad estadounidense. “Todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, realmente se afecta el pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices con las ganas de trabajar, trabajar y trabajar porque esa droga es un estimulante y les impide el descanso”, agregó.
La declaración de Petro se dio en un contexto en el que Colombia y Estados Unidos atraviesan un momento de tensión en torno a la política antidrogas. El país norteamericano, que ha sido históricamente uno de los principales aliados en esta materia, reiteró que el incremento en los cultivos de coca y la producción de cocaína generan preocupación.
Javier Díaz, en su calidad de vocero gremial, insistió en que este tipo de pronunciamientos deben ser tomados con atención, pues reflejan la percepción internacional sobre los resultados de la estrategia implementada en Colombia. Aclaró, sin embargo, que la ausencia de sanciones financieras o comerciales implica que la relación entre ambos países se mantiene abierta para el diálogo y la cooperación futura.
Analistas internacionales han señalado que la descertificación de Colombia no necesariamente altera de manera inmediata la ayuda recibida en programas de cooperación. En cambio, funciona como una advertencia que busca presionar ajustes en la política nacional para responder a los compromisos adquiridos en tratados y acuerdos previos.
En lo interno, el tema también abre un debate sobre la efectividad de las políticas actuales frente al narcotráfico. Mientras el Gobierno ha buscado alternativas de sustitución de cultivos y de negociación con algunos actores ilegales, la administración estadounidense ha insistido en reforzar mecanismos de erradicación y acciones de control directo sobre la producción de coca.
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