El caso de Myriam Quinchanegua Cárdenas, que denunció en 2019 por acoso y abuso sexual a José Vicente Vargas, contratista de Vanti, está marcado por repetidas dilaciones judiciales y la ausencia de respuestas institucionales. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación permanece sin resolución en la Fiscalía, mientras la denunciante sostiene que ni la justicia ni la empresa han ofrecido respaldo efectivo.
Según el testimonio de Quinchanegua, que se desempeñaba como coordinadora comercial en Instargas —firma contratista de Vanti—, los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando el comportamiento de Vargas con ella, según su testimonio, cambió de manera abrupta.
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La denunciante contó para el programa Mañanas Blu 10:30 que, tras un intento de beso no consentido, comenzó una serie de conductas que calificó como una “terapia inadecuada” para ella. “Él siempre había sido muy respetuoso conmigo, pero en una ocasión trató de besarme (…) A partir de ahí comenzó toda esta terapia inadecuada para mí”, narró Quinchanegua al medio radial.
La denuncia formal se presentó en octubre de 2019, pero el proceso judicial ha estado marcado por la lentitud y la falta de continuidad. Quinchanegua explicó que, en seis años, su caso ha pasado por cinco fiscales distintos, lo que ha dificultado el avance de la investigación: “Hace seis años (…) me han cambiado cinco veces de fiscal. Alguno de ellos quería cerrar mi caso y puse una tutela para que me cambiaran de fiscal”, detalló la denunciante en diálogo con Mañanas Blu 10:30.
Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de audiencia preparatoria, la cual ha sido reprogramada para noviembre tras varias postergaciones.
¿Qué respondió la empresa sobre de la denuncia?
La respuesta de Vanti también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la víctima. En 2022, Quinchanegua recurrió a la línea ética de la empresa, pero, según su relato, no recibió el apoyo esperado. “Me citan (…) me escucha la vicepresidenta de auditoría, pero me revictimiza (…) Luego me dicen que mi caso era un caso fallido, que lo mejor era desistir y cerrar el caso”, aseguró la denunciante en su intervención en Mañanas Blu 10:30.
Quinchanegua Cárdenas también señaló que nunca se le ofreció acompañamiento psicológico y que la compañía dejó de responder a sus solicitudes. A propósito de la denuncia, y consultada por Blu Radio, Vanti confirmó que el caso figura en su línea ética, aunque el sistema únicamente remite a un enlace web sin mayor información. El jefe de comunicaciones de la empresa indicó que la vicepresidenta de auditoría, Mónica Carranza, no realizará declaraciones públicas para evitar “viciar el proceso de investigación”.
Por su parte, la Fiscalía informó a Blu Radio que Vargas ya no mantiene contratos activos con Vanti, aunque aclaró que la desvinculación no guarda relación con la denuncia presentada por Quinchanegua. A pesar de los obstáculos, la denunciante manifestó su determinación de continuar con el proceso. “Seis años que llevo en este proceso (…) no me apoyaron y nuevamente les estoy replicando por qué no me han apoyado”, afirmó Quinchanegua en Mañanas Blu 10:30.
Exdirectores de la Dijín y del Inpec, vinculados al proceso por abuso sexual contra la periodista Jineth Bedoya
La Fiscalía General de la Nación decidió vincular el 10 de septiembre de 2025 a altos exfuncionarios policiales y penitenciarios al proceso penal por delitos de lesa humanidad. Entre los implicados figuran los generales (r) José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijín, y Fabio Campos Silva, exdirector del Inpec.
También fueron vinculados Reinaldo Fierro Rico (exdirector de La Modelo), Luis Bernardo Maldonado (exsubdirector del Inpec), Jaime Gallo (exasesor de la dirección del Inpec) y Evangelista Basto (exmiembro del Frente Capital de las Autodefensas).
La génesis del caso se remonta al 25 de mayo de 2000, día en el que Jineth Bedoya Lima, que para entonces trabajaba como reportera en El Espectador, acudió a la cárcel La Modelo tras ser citada para cubrir una masacre en la que murieron 32 personas. Sin embargo, durante su labor periodística, la periodista fue secuestrada y trasladada fuera de la ciudad, donde permaneció 16 horas sometida a torturas y violaciones.
Los delitos investigados comprenden concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado. Todos estos crímenes son considerados de lesa humanidad, lo que implica que resultan imprescriptibles tanto bajo la legislación nacional como internacional.
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