
En los últimos días, varios inmuebles de interés público han sido puestos a la venta a través de la plataforma de Cisa, la Central de Inversiones S.A., organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.
Según información difundida, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) incluyó propiedades en esta plataforma, permitiendo que ciudadanos accedan a opciones con valores accesibles frente al mercado convencional.
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En la lista de los bienes ofrecidos se encuentran apartamentos y casas en distintas ciudades, destacando; por ejemplo, un apartamento en el municipio de Chía, Cundinamarca, por $190.467.770; una casa en Bogotá por 203 millones de pesos, así como otras oportunidades en Medellín, Zipaquirá y más sectores de Bogotá D.C., con precios que oscilan entre $133.087.900 y $476.516.100.
Sin embargo, la oferta más económica entre los 23 muebles dispuestos por el Icbf se encuentra en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde se ofrece una oficina de 7,45 m2 por 28 millones de pesos.

Estas condiciones resultan atractivas para familias colombianas que buscan alternativas frente a las dificultades habituales para financiar la compra de una vivienda.
La adquisición de estos bienes sigue un procedimiento claro: quienes estén interesados deben ingresar al portal digital de Cisa, elegir al Icbf como entidad vendedora, y filtrar los listados bajo la opción ‘En Venta’. Posteriormente, podrán explorar la oferta activa, revisar precios y detalles de cada inmueble, y si alguno resulta de interés, seleccionar la función ‘Quiero comprar’.
Posteriormente, el comprador debe crear un perfil en la plataforma para poder avanzar al siguiente paso: ofertar. Es necesario completar formularios específicos y acordar el plan de pagos.
Una vez enviada la propuesta, la persona participará de una puja, acorde al sistema establecido por Cisa. Una vez finalice este proceso, será la entidad la que comunique si la oferta resultó seleccionada.

Este mecanismo facilita que las familias interesadas logren acceder a propiedades a precios competitivos, ampliando su margen de acción en la búsqueda de vivienda propia.
Como declararon fuentes oficiales, la intención es favorecer a quienes, por falta de acceso a crédito o ingresos insuficientes, encuentran limitaciones para ingresar al mercado inmobiliario tradicional.
Procuraduría investiga presunto abuso policial en hogar de paso del Icbf en Bogotá: habrían usado un Taser
Un presunto episodio de uso excesivo de la fuerza dentro del Hogar Sagrada Familia del Icbf, en el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, ha generado una serie de acciones institucionales orientadas a salvaguardar los derechos de las menores de edad afectadas.
Según informó la Procuraduría General de la Nación, la intervención tuvo lugar el 12 de septiembre ante un desorden protagonizado por algunas niñas y adolescentes con medida de protección, situación que derivó en lesiones en varias menores.

Durante la jornada, la Procuraduría, a través de la Delegada para la Infancia, Adolescencia y Mujer, supervisó directamente las medidas de atención adoptadas por el centro, desplegando su presencia como parte de la estrategia de Diálogo para Construir Consensos. En el mismo escenario, representantes del Icbf, de la Defensoría del Pueblo, la supervisión del contrato, el personal del Hogar Sagrada Familia y algunos familiares de las adolescentes participaron en una mesa de trabajo para abordar la situación.
Como resultado de la mediación, la Procuraduría exigió la activación inmediata de las rutas de atención sanitaria para realizar valoraciones médicas a las niñas lesionadas. Asimismo, se lograron acuerdos que establecen obligaciones claras para las instituciones involucradas: la Oficina Jurídica del Icbf presentará una denuncia penal por el presunto uso excesivo de la fuerza; la supervisión contractual verificará el cumplimiento de los lineamientos técnicos y elaborará un informe; y la Regional Bogotá del ICBF determinará la pertinencia de un proceso sancionatorio contractual, además de revisar la gestión administrativa del hogar.
Dentro de las medidas inmediatas se acordó la asignación de un equipo permanente del ICBF en el centro para garantizar la prestación del servicio, facilitar la comunicación con las familias y velar por la activación de los procedimientos sanitarios correspondientes. El hogar, por su parte, dejará de recurrir a la Policía Nacional ante situaciones similares, eliminando esta práctica considerada irregular por las autoridades presentes.
El órgano de control, por último, confirmó que mantendrá el seguimiento sobre el proceso de restablecimiento de derechos de las menores y evaluará la eventual apertura de una investigación disciplinaria, actuación que dependerá de los resultados obtenidos en la valoración de los hechos y el informe técnico solicitado.
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