Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS a juicio por presunto ocultamiento de facturas y desvío de $70.500 millones en deudas con IPS

Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS enfrentarán juicio por supuestamente haber ocultado facturas y desviado $70.500 millones correspondientes a deudas con las IPS.

Se trata de José Fernando Cardona Uribe, que lideró la Nueva EPS desde 2009 hasta principios de 2024; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.

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En el escrito de acusación, radicado por la Fiscalía General de la Nación y revelado por Caracol Radio, se puede leer lo siguiente: “Definir las actividades de control de los procesos a su cargo, cuya efectividad debía ser cuantificada a través de indicadores”.

Además, de “monitorizar la ejecución de los controles de los riesgos de los procesos a su cargo e informar oportunamente cualquier desviación o excepción en la ejecución de los mismos”, así como “monitorizar el comportamiento de los indicadores de los procesos a su cargo”.

En el documento se destaca una presunta política de fraude, que, según el ente acusador, fue diseñada por los exdirectivos, quienes no habría procesado la totalidad de facturación radicada por diferentes IPS con las que la EPS tendría relación.

“Se tiene que, entre 2019 a 2023 se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas que había sido expedidas por las diferentes IPS“, se lee en el escrito de acusación.

El 10 de abril de 2025, la Fiscalía presentó cargos contra José Fernando Cardona Uribe y otros tres exdirectivos de la Nueva EPS, señalados por su presunta implicación en el ocultamiento de facturas y el desvío de más de 70.500 millones de pesos de la entidad.

Según explicó el organismo, la supuesta omisión en el registro de estas cuentas permitió que la EPS mantuviera una imagen financiera positiva ante la Superintendencia Nacional de Salud, lo que evitó una intervención oficial que, de acuerdo con las autoridades, debía haberse realizado antes de 2024.

La investigación sostiene que los directivos habrían alterado los estados financieros con el propósito de mostrar utilidades que en realidad no existían.

Este proceder facilitó que la Nueva EPS continuara en funcionamiento dentro del sistema de salud colombiana pese a acumular pérdidas relevantes. Los reportes presentados habrían servido para sostener la operación administrativa y financiera de la entidad ante los organismos de control y el público, ocultando la verdadera situación patrimonial.

José Fernando Cardona Uribe enfrenta cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.

Junto a él, Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas, han sido imputados por falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión en la supervisión de los recursos asignados al sector salud.

Según detalló la Fiscalía, los estados financieros de la Nueva EPS, firmados por Cardona Uribe y Pedraza Castellanos, habrían reportado una actividad económica que no correspondía a la realidad de la entidad.

Esta información falsa habría sido utilizada para convencer a la Supersalud de que la EPS cumplía con las condiciones necesarias para seguir operando, cuando en realidad enfrentaba pérdidas millonarias.

El presidente Gustavo Petro afirmó que los exdirectivos de la Nueva EPS presentaron cifras alteradas ante la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, lo que calificó como un “enorme robo a la salud en Colombia”.

Petro señaló que desde los inicios de la Nueva EPS se detectaron irregularidades relacionadas con el manejo de sus recursos. Al comienzo de su gobierno, el mandatario sostuvo reuniones con los directivos de la entidad, donde propuso eliminar la intermediación por parte de la EPS y transferir directamente los recursos a clínicas y hospitales.

Estas acciones, según el presidente, permitieron detectar anomalías financieras y evidenciar la existencia de malas prácticas administrativas al interior de la Nueva EPS.