El presidente Gustavo Petro dedicó su alocución de este viernes a referirse al más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de la Nueva EPS.
En su mensaje, el mandatario insistió en que los problemas de la Nueva Eps se arrastran desde hace varios años y que hacen parte de un modelo que requiere un cambio estructural.
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De acuerdo con el reporte del organismo de control, la entidad de salud enfrenta un panorama crítico por el manejo de su contabilidad, los anticipos sin legalizar y las fallas en la gestión administrativa.
El documento indica que la Nueva EPS tiene 22,7 millones de facturas pendientes de procesamiento, de las cuales 9,1 millones aparecen duplicadas. La suma de estos documentos representa $22,1 billones, y dentro de ellos, cerca de $8,9 billones corresponden a registros repetidos.
La Contraloría también señaló que, entre 2023 y junio de 2025, los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones a $15,27 billones, lo que equivale a un crecimiento del 155 %. Esta situación compromete la liquidez de la entidad y plantea un posible detrimento patrimonial. Según el ente de control, la falta de herramientas tecnológicas para sistematizar y verificar la información ha contribuido a profundizar estas inconsistencias.
Frente a estas revelaciones, Petro manifestó que la crisis de la Nueva EPS no es reciente. En sus palabras, “casi desde su primera afiliación, ha tenido una historia de robo. Pequeño mientras fue creciendo, hasta que se convirtió en la EPS más grande de Colombia. Lo que nos muestra el contralor es que en los últimos años ha habido un mecanismo que ha permitido sacar el dinero que es del Estado para la salud de los afiliados, hacia unos contratistas, siempre son los mismos”, afirmó en declaraciones recogidas por BLU Radio.
El mandatario también señaló a quienes han participado en la junta directiva de la entidad, acusándolos de maquillar cifras relacionadas con las deudas y la gestión financiera. Para él, el diagnóstico presentado por la Contraloría confirma la necesidad de un cambio en la manera en que funciona el sistema.
El informe del órgano de control incluye información recaudada en 4.524 archivos de la entidad, correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025. En esos documentos se detalla la información técnico-asistencial, jurídica, financiera y administrativa de la EPS, abarcando tanto el periodo previo como el posterior a la intervención del Gobierno Nacional iniciada en abril de 2024.
El presidente aprovechó su intervención para reiterar su respaldo a la reforma a la salud que se encuentra en trámite en el Congreso. El proyecto, que ya lleva dos años en discusión, debe ser debatido en la Comisión Séptima del Senado. Según el cronograma legislativo, la iniciativa podría ser discutida nuevamente en las próximas semanas.
Petro planteó que, si no se aprueba la reforma, los problemas estructurales del sistema continuarán. En su intervención señaló: “Durante dos años han tenido el proyecto y ahora quieren volver a hundirlo. ¿O acaso quieren mantener un Frankenstein de empresarios corruptos, que han contribuido a un cartel de contratación cuyos responsables ya están en manos de la justicia y que cuentan con el respaldo de políticos y senadores de la República?”, dijo el jefe de Estado, según BLU Radio.
En la parte final de su discurso, el mandatario envió un mensaje a los congresistas responsables de decidir el futuro de la reforma. Sobre las EPS, expresó: “Señores de la Comisión Séptima, pueden decidir, mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar, porque quiero salvar la salud de la gente. Me dedicaré a que cada vez mueran menos niños, menos mujeres y menos adultos que sí podían ser tratados”, señaló Petro.
El documento de la Contraloría también advirtió que los anticipos mayores a dos años, por valor de $143.000 millones, incrementan el riesgo de detrimento patrimonial. La falta de legalización de estos recursos agrava la situación financiera y dificulta la transparencia en el uso de los dineros públicos destinados a la salud.
En distintos escenarios, tanto la Superintendencia Nacional de Salud como el Ministerio de Salud han coincidido en que la Nueva EPS no ha entregado información de manera completa ni oportuna. Estas entidades han alertado sobre inconsistencias en los reportes, lo que complica la intervención que se adelanta desde 2024.
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