Un informe de la Fiscalía General de la Nación arrojó detalles sobre uno de los casos más emblemáticos de violencia contra periodistas en la historia del país.
El documento, de más de 100 páginas, vinculó a cinco exfuncionarios estatales y a un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el secuestro, tortura y violencia sexual sufridos por la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000 en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.
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El informe identifica como presuntos responsables al exdirector de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; al exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; al exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; al exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; al exdirector de la cárcel La Modelo, Reinaldo Fierro Rico; y a Evangelista Basto Bernal, exintegrante del Frente Capital de las AUC.
Según el expediente, estos exfuncionarios y el exparamilitar habrían tenido roles clave en la consolidación de una estructura criminal dentro del penal.
Así habrían actuado, por acción u omisión, funcionarios de la Dijín y el Inpec
El documento de la Fiscalía describe cómo, bajo la “mirada complaciente” de los antiguos directivos del Inpec y de la Dijín, se permitió el fortalecimiento de una red delictiva al interior de la cárcel La Modelo.
Entre las irregularidades señaladas figuran el ingreso de armas de fuego, municiones y explosivos, la realización de reuniones con cabecillas paramilitares, omisiones en los traslados de internos considerados peligrosos y la coordinación de operativos que, lejos de combatir el crimen, favorecieron a la organización ilegal que controlaba el establecimiento penitenciario.
Uno de los casos más destacados es el del general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón, que dirigió la Dijín entre 1999 y 2000. El informe le atribuye la realización de reuniones dentro del pabellón de alta seguridad de La Modelo con los principales líderes paramilitares, donde se habrían planeado y ordenado delitos graves.
Testimonios recogidos en el expediente señalan que Gallego Castrillón habría recibido pagos periódicos de los jefes de la organización y que su acceso irregular al penal fue facilitado por Maldonado Bernate, entonces subdirector del Inpec.
El informe, citado por Blu Radio, sostiene que el ataque contra Jineth Bedoya Lima fue ordenado como una estrategia de “intimidación y amedrentamiento” por parte de los jefes paramilitares, que habrían realizado labores de seguimiento e inteligencia sobre la periodista con la presunta complicidad de los exdirectores mencionados. Este entramado delictivo, según la Fiscalía, permitió que el crimen se perpetrara en un contexto de total vulnerabilidad para la víctima.
La abogada de Bedoya, Viviana Krsticevic, destacó en una entrevista con el medio citado que el caso ha estado marcado por la impunidad durante más de dos décadas. “Han sido más de 20 años en los que los responsables directos e indirectos han evadido a la justicia, mientras Jineth ha tenido que vivir bajo amenazas constantes que han truncado no solo las investigaciones periodísticas, sino también los avances judiciales de un caso emblemático”, afirmó Krsticevic.
La jurista además destacó el contexto de hostigamientos que ha enfrentado la periodista, quien ha persistido en su búsqueda de justicia y reparación, así como en la exigencia de garantías de no repetición. Aunque en abril de 2025 anunció su desistimiento de esperar justicia en su caso.
El rol de Evangelista Basto Bernal en el ataque contra la periodista
El informe señala la implicación de Evangelista Basto Bernal, exintegrante del Frente Capital de las AUC, a quien se le atribuye la coordinación de acciones criminales fuera del penal, como el atentado contra el excongresista, sindicalista y defensor de derechos humanos Wilson Borja.
Testigos aseguran que Basto Bernal tenía conocimiento directo del ataque contra Bedoya Lima y que mantenía reuniones con paramilitares dentro de la cárcel, lo que reforzaría la hipótesis de una estructura criminal articulada tanto dentro como fuera del centro penitenciario.
La Fiscalía concluyó que los exfuncionarios implicados no solo tenían la obligación legal de impedir la consolidación de la estructura criminal, también la capacidad real de hacerlo. Sin embargo, optaron por promover o permitir el funcionamiento de la red delictiva, lo que derivó en la comisión de delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.
El proceso judicial avanza bajo la Ley 600 de 2000, que regula los procedimientos penales en Colombia para hechos ocurridos en esa época. En la siguiente etapa, los vinculados deberán rendir indagatoria y se definirá su situación jurídica, lo que podría incluir la imposición de medidas de aseguramiento.
Aquellos que se encuentren postulados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) serán remitidos a ese tribunal, mientras que los demás continuarán su proceso en la justicia ordinaria.
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