Así fue la última descertificación de EE. UU. a Colombia, se perdió un ‘platal’ en apoyos antidrogas

En Washington ya está todo dispuesto para el anuncio que cada año pone a prueba la relación bilateral en materia de drogas. El 15 de septiembre, la Casa Blanca publicará su lista de países “certificados” por su cooperación en la lucha antidrogas. La decisión, aunque técnica, define si Colombia continúa recibiendo unos 300 millones de dólares en apoyo estadounidense y mide el compromiso del país frente a los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

La certificación no es un procedimiento reciente ni un simple trámite diplomático. Sus raíces se remontan a la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, que fue ajustada en las leyes antidrogas de 1986 y 1988. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos debe enviar cada año al Congreso un balance sobre los esfuerzos de los países productores o de tránsito de cocaína, heroína y otras sustancias. Los reportes de la DEA y otras agencias sirven de insumo para decidir quién coopera de manera “sustancial” y quién se queda corto.

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Colombia sabe lo que significa quedar fuera de esa lista. En marzo de 1996, el presidente Bill Clinton retiró la certificación al gobierno de Ernesto Samper, alegando falta de colaboración real contra el narcotráfico. La medida llegó en medio del llamado Proceso 8.000, que investigaba la entrada de dineros del cartel de Cali en la campaña presidencial. Aunque Samper fue absuelto ese mismo año, el golpe diplomático fue duro, puesto que, se suspendió parcialmente la ayuda económica y militar, y surgieron trabas para acceder a créditos de organismos internacionales. La cooperación quedó en un terreno frágil.

A casi tres décadas de aquel episodio, el fantasma de la descertificación vuelve a rondar. Los últimos informes del Departamento de Estado advierten sobre el incremento en la producción de cocaína y los retos para reducir los sembradíos. “Estamos trabajando para mostrar que estamos luchando contra las drogas, tratando de construir y consolidar un plan estructurado para la disminución de cultivos ilícitos, y esperamos que los resultados se evidencien en una certificación por parte de Estados Unidos”, dijo Laura Sarabia, canciller de ese momento, confiando en que los avances de los últimos meses inclinarían la balanza.

El proceso tiene varios peldaños. Primero, la Sección de Asuntos Antinárcóticos del Departamento de Estado y otras agencias analizan datos de erradicación, incautaciones y cooperación judicial. Luego, el presidente de EE. UU. comunica al Capitolio su decisión.

Si un país es “descertificado”, se abren las puertas a sanciones. Se puede suspender hasta el 50% de la asistencia exterior, vetar préstamos en instancias como el FMI o congelar programas que no estén relacionados con ayuda humanitaria o con operaciones antinarcóticos.

A lo largo de los años, la certificación es criticada por su carácter unilateral, pero continúa siendo un termómetro del vínculo entre Washington y Bogotá en torno al narcotráfico. Durante administraciones pasadas, el tono ha variado, en algunos periodos se privilegió el diálogo, en otros se reconoció el cumplimiento estricto de metas de erradicación y extradición. Incluso en debates recientes, sectores políticos en Estados Unidos pidieron endurecer la revisión, mientras otros sugieren enfoques más amplios que incluyan desarrollo rural y reducción de la demanda.

Aunque las tensiones persisten, en Colombia existe consenso sobre la importancia de sostener la cooperación. La ayuda que acompaña la certificación no solo financia equipos y entrenamiento para la Fuerza Pública; también respalda proyectos de sustitución de cultivos, fortalecimiento de la justicia y prevención del consumo en comunidades vulnerables. Sin esos recursos, advierten analistas, el margen de maniobra del Estado se vería limitado, justo cuando el país busca consolidar estrategias integrales para enfrentar el problema.