
La discusión sobre el presupuesto general de la nación (PGN) para la vigencia de 2026 tuvo un nuevo y fuerte enfrentamiento en el Congreso, con severos cuestionamientos desde la bancada opositora hacia el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. En especial, de la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, que arremetió contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, al que señaló de querer forzar un desacuerdo.
La congresista, que quiere dar el salto al Senado, se despachó contra el titular de la cartera política y el equipo del primer mandatario, pues -según sus palabras- buscan mecanismos extraordinarios para aprobar el monto presupuestal por decreto y evitar el debate parlamentario. En otras palabras: lo que pretenderían es no llegar a un acuerdo con las comisiones económicas del legislativo para que, después del 15 de septiembre, se pueda establecer por decreto.
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En su intervención, Garrido acusó a Benedetti de promover “jugaditas” y recordó que la administración de Petro dejaría una “Colombia más pobre y más endeudada”, por lo que dejó en claro que no está dispuesta a ceder ante lo que serían las presiones del Ejecutivo para que el legislativo le dé aval a un presupuesto que estaría desfinanciado. Aunque, por otro lado, esto pueda representar que desde la Casa de Nariño se defina el monto por vía administrativa.
“Yo, que recorro el país y escucho a los colombianos, les puedo decir que para ellos es muy difícil entender cómo este Gobierno, que está a tres meses de cerrar el año y no ha ejecutado ni el 50% del presupuesto, ahora pide un monto aún mayor”, sostuvo Garrido. Además, la representante cuestionó la estrategia de incrementar impuestos, señalando que tales medidas impactarían especialmente a las personas con menos recursos.

En palabras de la representante por Arauca, “es demasiada la conchudez” el solicitar más recursos cuando la ejecución, según ella, ha sido insuficiente. Y advirtió a sus colegas que los votantes recordarán a quienes aprueben un presupuesto que “encarece y obliga a pagar más caro la comida, el transporte y hasta las vacaciones”, en relación con los comicios que se llevarán el 8 de marzo de 2026 y en los que la mayoría de integrantes del legislativo irán por su permanencia.
Esta es la contrapropuesta de la oposición frente al presupuesto; Gobierno, por su parte, aceptó bajarse en $10 billones
En la sesión también se planteó una alternativa presupuestal: tanto Cambio Radical como el Centro Democrático sugirieron fijar el presupuesto en $530 billones, que calificaron como “inflado, pero sin nuevos impuestos para los ciudadanos”. Así pues, la congresista insistió en que si el Gobierno requiere más recursos debería mejorar los niveles de ejecución, y que el gasto público no se debería destinar a actividades de Petro que, en su opinión, “no benefician al país”.
En medio de las críticas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que la reforma tributaria 3.0 reduciría sus expectativas de recaudo en 10 billones de pesos con respecto a las proyecciones iniciales. Así, el ingreso previsto por esta reforma pasaría de $26,3 billones a $16,3 billones; en tanto que el monto total del presupuesto nacional para 2026 sería de 547 billones de pesos; una cifra inferior en comparación con la propuesta original de 557 billones.
Ávila resaltó que este recorte constituye un mensaje de apertura y búsqueda de consenso con los congresistas y defendió la progresividad de la reforma, al punto de justificar la estrategia impositiva del Gobierno. En su intervención, explicó que la propuesta oficial mantiene medidas dirigidas a aumentar la carga tributaria sobre patrimonios y rentas altas, buscando asegurar tributación progresiva y evitar que recaiga sobre las capas sociales más vulnerables.

La polémica parece centrarse en las radicales posturas de Benedetti y Petro. El primero se pronunció tras los señalamientos de los legisladores opositores y tachó a sus críticos de “cínicos” y, de la misma manera, argumentó que una de las principales fuentes del déficit fiscal que enfrenta el país, se originó durante gobiernos anteriores, cuando no se pagaron subsidios como el de la gasolina, situación que, según él, incrementó la deuda pública.
Entretanto, Petro intervino en el debate al defender el paquete de medidas fiscales que impulsa el Ejecutivo. El presidente sostuvo que la mayoría de los nuevos impuestos propuestos recaerían sobre los sectores más adinerados y que la política fiscal del Gobierno responde a criterios de equidad social, por lo que advirtió que un eventual rechazo del plan reformista en el Congreso obligaría al Ejecutivo a financiar subsidios solo con los recursos disponibles.
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