El ministro de Hacienda, Germán Ávila confirmó un recorte de diez billones de pesos en su ambiciosa reforma tributaria generando un nuevo escenario de incertidumbre en el Congreso, en el que la fragmentación política y la proximidad de las elecciones complican la aprobación tanto de la reforma como del Presupuesto General de la Nación para 2026.
Este ajuste, que reducirá el objetivo de recaudo de la reforma de $26 billones a $16 billones, se sumaría a la decisión de retirar el incremento del IVA a los combustibles, una medida que había generado preocupación por su impacto en los precios de la canasta básica.
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“Para ello, es necesario dar un trámite paralelo y articulado entre el proyecto de ley de presupuesto y el proyecto de ley de financiamiento, con el fin de asegurar para el 2026 la estructura de gastos sino la de ingresos que requiere el Presupuesto General de la Nación”, expresó el ministro durante el debate al Presupuesto ante las comisiones económicas del Congreso.
Wilmer Castellanos, representante a la Cámara por la Alianza Verde y presidente de la Comisión Tercera, detalló que el Ejecutivo ha mostrado disposición al diálogo en las negociaciones previas a la discusión legislativa.
Según Castellanos, el presidente Gustavo Petro habría dado luz verde para reducir el monto de la reforma tributaria, en un intento por facilitar consensos y asegurar el financiamiento adicional requerido en el presupuesto de 2026.

“El Gobierno ha estado muy dispuesto al diálogo, debo decir que el presidente de la República y el ministro de Hacienda han estado muy dispuestos a dialogar”, afirmó Castellanos en declaraciones publicadas por Valora Analitik, que subrayó que persisten dudas sobre la capacidad de algunas medidas para recaudar lo proyectado por el Ejecutivo.
Castellanos explicó que se solicitó al Gobierno un espacio para concertar y reducir el monto del Presupuesto General de la Nación, con el objetivo de alcanzar acuerdos viables en el Congreso.
Uno de los cambios más relevantes, según el presidente de la Comisión, es la eliminación del aumento del IVA a la gasolina y al Acpm, ya que “el incremento del IVA es directamente proporcional al incremento de los precios de la canasta básica familiar”, sostuvo Castellanos.
A pesar de estos avances en las negociaciones, las decisiones aún no han sido confirmadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda, y se espera que la discusión formal del proyecto comience en los próximos días.
Mientras tanto, la falta de mayorías legislativas mantiene en vilo la aprobación tanto de la reforma tributaria como del Presupuesto General de la Nación. Las fuerzas políticas en el Congreso se encuentran divididas, lo que ha dejado en suspenso los llamados “proyectos del cambio” impulsados por el Gobierno.
Carlos Arias, gerente de Estrategia & Poder y analista político, advirtió a Bloomberg Línea que “no hay tiempo ni ambiente para ningún tipo de reforma”, y enfatizó que la cercanía de las elecciones reduce al mínimo las posibilidades de éxito de iniciativas de esta magnitud. Arias agregó que la coyuntura electoral convierte el debate legislativo en un escenario de protagonismo que dificulta la construcción de consensos.

La reciente derrota del presidente Petro en el Senado, durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, profundizó la crisis política. Tras el revés, el mandatario solicitó la renuncia de cuatro ministros y declaró que “la coalición de Gobierno en el Senado se rehace por completo”, dijo el presidente..
Además, Petro cuestionó la votación secreta y acusó de “traición” a algunos legisladores aliados que, según versiones de la Casa de Nariño, respaldaron a Camargo para integrar la Corte Constitucional.
La incertidumbre sobre el respaldo en el Senado fue confirmada por dos senadores cercanos al Gobierno, que, bajo condición de anonimato, manifestaron a Bloomberg Línea que no perciben de dónde podría surgir el apoyo necesario para aprobar el Presupuesto ni la reforma tributaria. Como muestra de la falta de consensos, un congresista señaló la cancelación de último momento de la sesión de las comisiones económicas conjuntas prevista para el 10 de septiembre, en la que se discutiría el monto del Presupuesto General de la Nación 2026.
El Congreso tiene plazo hasta el 15 de septiembre para aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto. Hasta el momento, todas las señales apuntan a un nuevo fracaso legislativo para los ministros de Hacienda e Interior, Germán Ávila y Armando Benedetti, respectivamente.
Cálculos extraoficiales de congresistas anticipan un recorte de $7 billones, lo que obligaría al Gobierno a impulsar una tributaria de $19 billones, cifra que sigue sin contar con el respaldo mayoritario del Legislativo.
En la Cámara de Representantes, las posibilidades de acuerdo son mayores, aunque la proximidad de las elecciones dificulta que partidos ajenos al Pacto Histórico respalden las propuestas oficiales.

En paralelo, precandidatos presidenciales de izquierda, encabezados por Gustavo Bolívar, promueven una lista “proconstituyente” con miras a 2026, con la que buscarían convocar una Asamblea Nacional Constituyente para impulsar reformas que el Congreso y las cortes han bloqueado.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante a suceder a Petro en la consulta interna del Pacto Histórico, afirmó al medio citado que: “Si la Corte Constitucional hunde la Reforma Pensional con la ayuda de Camargo, el proceso constituyente inicia desde el 26 de octubre en la consulta del Pacto Histórico”.
Las comisiones económicas sesionan de manera conjunta para acelerar el trámite de las iniciativas del Gobierno, pero si una de las cuatro vota en contra, el proyecto se hunde. En ese caso, el Presupuesto 2026 volvería a expedirse por decreto, como ocurrió en 2025, y la reforma tributaria podría correr la misma suerte que la ley de financiamiento rechazada el año anterior.
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