El reciente despliegue de la operación “Colibrí” por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación desbarató una compleja red criminal que, durante años, operó de manera encubierta en el corazón de Bucaramanga.
Esta intervención culminó con la captura de alias La Chinchilla y diez de sus supuestos cómplices, todos vinculados al Grupo Delictivo Común Organizado (GDCO) La Colonia.
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De acuerdo con las autoridades, la intervención fue posible gracias a la articulación entre el Seccional de Protección y Servicios Especiales (Sepro) y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), que coordinaron las acciones para ingresar simultáneamente a distintos puntos de la ciudad central.
Vinculada con proxenetismo
En uno de estos lugares, lograron decomisar dispositivos como un DVR y un teléfono celular, considerados elementos clave para la investigación judicial en curso. El cierre de un local comercial sirvió para interrumpir el flujo de actividades ilegales, luego de evidenciar que dicho establecimiento servía como fachada para encubrir las operaciones de la red, según informaron fuentes oficiales.
Las investigaciones, que se extendieron por meses, permitieron a las autoridades reconstruir la trayectoria de alias La Chinchilla, que llevaba más de diez años relacionada con actividades de proxenetismo. De hecho, la policía destacó que en los últimos tres años esta persona asumió la jefatura de La Colonia, desde donde gestionaba y coordinaba encuentros sexuales no solo con adultos, también involucrando a menores de edad y miembros de la comunidad Lgbti+. Según la Policía de Bucaramanga, la cabecilla exigía hasta un 30% del pago recibido por cada encuentro sexual, consolidando así un esquema de explotación y enriquecimiento ilícito.
La red aprovechaba redes hoteleras y residenciales caracterizadas por la falta de controles en la verificación de documentación. Esto facilitaba la entrada de víctimas tanto nacionales como extranjeras, muchas de ellas adolescentes, que eran inducidas a la prostitución por medio del suministro de bebidas alcohólicas y drogas prohibidas. Los esfuerzos ilegales iban más allá de la explotación sexual, ya que la organización suministraba documentación falsa para sortear la vigilancia y permitir que personas extranjeras, algunas menores, se mantuvieran activas en esta red sin ser detectadas.
Delitos: trata de personas y tráfico de drogas
En términos de rentabilidad ilícita, cifras oficiales estiman que la operación de “La Colonia” proporcionaba ingresos cercanos a los 120 millones de pesos mensuales (aproximadamente USD 30.000). Esta suma refleja la magnitud de los delitos cometidos y el alcance que llegó a tener la estructura criminal en la ciudad, convirtiéndose en una de las fuentes principales de trata de personas y delitos conexos en la región.
La repercusión de la operación va más allá del ámbito del proxenetismo. La Fiscalía y la Policía indicaron que las actividades dirigidas por alias La Chinchilla estaban estrechamente relacionadas con el tráfico de estupefacientes, el hurto y las lesiones personales, ampliando así el radio de acción y la influencia de la organización en distintas áreas criminales. El general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga, enfatizó en una declaración a medios de comunicación, sobre la función de la detenida en el entramado: “Era la encargada de generar los encuentros sexuales, los sujetos facilitaban los ingresos a hoteles, discotecas y gestionaban documentos falsos. Tendrán que responder por los delitos de trata de personas y tráfico de estupefacientes”, puntualizó la autoridad.
Asimismo, la captura de alias La Chinchilla representa un paso significativo dentro de la estrategia institucional para desmantelar redes de trata de personas en Bucaramanga. Los investigadores confirmaron que el funcionamiento del grupo criminal operaba bajo modelos de engaño y coacción, donde las víctimas accedían a los círculos de explotación mediante ofertas falsas o bajo amenaza, viéndose luego obligadas a entregar una parte sustancial de sus ingresos.
El cierre temporal del establecimiento usado como fachada contribuyó a frenar de manera inmediata la economía criminal, pues este local actuaba como punto logístico y de contacto para la gestión de clientes y víctimas. En la operación no solo se incautaron elementos electrónicos con posible valor probatorio, sino documentación presuntamente utilizada para el tráfico irregular de personas.
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