Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022-2026 y el entorno de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, han cobrado un nuevo giro tras la aparición de un anónimo que denuncia posibles sobornos millonarios y contratos favorecidos en el sector energético, así como movimientos migratorios sospechosos de varios implicados.
El texto anónimo, divulgado por El Tiempo recibido por varios miembros de la junta directiva de la petrolera y discutido en el comité de auditoría, señala que se habría pactado el pago de 10 millones de dólares a magistrados y representantes de órganos de control con el objetivo de influir en la resolución que ordena sancionar a miembros de la campaña presidencial, con Roa como principal implicado.
Además de comprar acciones de manera irregular a la plataforma de gas natural Chuchupa.
Pese a que la junta de Ecopetrol decidió no dar trámite al anónimo, la Fiscalía sí avanzó en la verificación de las alegaciones, abriendo una indagación de oficio sobre los hechos y la autenticidad del documento.
Una de las prioridades consiste en rastrear si Ricardo Roa, Julián Caicedo (su pareja), el coronel (r.) Juan Guillermo Mancera, y Serafino Iacono estuvieron en Madrid (España) y en Italia entre el 30 de junio y el 4 de julio, según relataron fuentes de la Fiscalía al medio mencionado.

Otro dato relevante es la mención de la empresa Gaxi, anteriormente propiedad de Mancera, el anónimo la señala como beneficiaria potencial de un contrato de regasificación millonario con Hocol, filial de Ecopetrol, meses después de que Mancera la vendiera.
La Fiscalía ya cuenta con documentos que acreditan la evaluación de dicho contrato, según publicó El Tiempo. Asimismo, el anónimo menciona a Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, indicando que habría sido objeto de amenazas.
En el frente jurídico, el penalista Juan David León, representante de Ricardo Roa, aseguró al diario que desconoce una indagación específica en la Fiscalía por este anónimo, aunque consideró “consecuente que se hiciera la verificación”.
“En el anónimo se habla de 10 millones de dólares para cada magistrado, eso es traído de los cabellos, una especulación. Eso es totalmente falso. Incluso, la junta directiva de Ecopetrol no halló elementos para dar credibilidad al anónimo. El doctor Roa no ha sido llamado por la Fiscalía para ese tema”, explicó León.

Mientras se desarrolla la revisión de hechos y movimientos migratorios, permanece agendada en el Consejo Nacional Electoral la discusión y posible votación de una resolución para sancionar a los miembros de la campaña por presunta violación de topes electorales y posibles fuentes prohibidas de financiación, en la que se solicita compulsar copias del expediente a la Fiscalía para que investigue el posible fraude procesal y otros delitos, una medida que podría redefinir el escenario judicial y político para los implicados.
Ningún integrante del CNE ha hecho declaraciones oficiales sobre el contenido del anónimo ni sobre los supuestos pagos ilegales que, de ser ciertos, debieron haberse denunciado, según confirmó El Tiempo.
León calificó de “especulativas y falsas” las acusaciones sobre pagos de USD 10 millones a magistrados y reiteró que la junta directiva de Ecopetrol no encontró elementos para respaldar el anónimo.
También señaló que “Roa no ha sido llamado por la Fiscalía para tratar este asunto y que no dispone de información sobre si Roa y Julián Caicedo estuvieron en las fechas señaladas en el anónimo”. León remarcó que las versiones de Iacono y Mancera niegan la presencia de los señalados en la fiesta de cumpleaños.
El contexto institucional de estas pesquisas se enmarca en la sesión clave que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene programada para el jueves 11 de septiembre.

Durante la sesión, el organismo podría discutir y votar una resolución para sancionar a miembros de la campaña Petro Presidente 2022-2026 por presunta violación de los topes electorales.
El documento en análisis también contempla remitir copias a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por supuesta financiación irregular, violación de límites de gasto y fraude procesal.
Fuentes del CNE han reconocido contactos con relación al caso y mencionan ofertas de hasta “USD 10 millones a magistrados y a un emisario de un organismo de control”. No obstante, a la fecha, el CNE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido del anónimo ni sobre los presuntos ofrecimientos, cuya existencia requeriría una denuncia formal.
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