Congresista responsabilizó al uribismo del colapso financiero de Nueva EPS tras informe de la Contraloría: “Un entramado para saquear al erario”

La Nueva EPS enfrenta una de las crisis más graves en su historia, tras revelarse un informe preliminar de la Contraloría General de la República que advierte sobre riesgos fiscales y administrativos en su operación.

Aunque las cifras y hallazgos generaron un debate nacional, las declaraciones del representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, pusieron el foco en los gobiernos pasados y en la permanencia del uribismo en la dirección de la entidad durante más de una década.

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El congresista expresó que los hallazgos presentados por la Contraloría no nacen con la intervención ordenada por el actual Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, sino que tienen su origen en una serie de prácticas irregulares sostenidas durante años por personas vinculadas al sector político que lideró el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El uribismo llevaba más de una década controlando la NUEVA EPS y la convirtió en un nido de corrupción. Esto dice el informe de la Controlaría”, escribió Mondragón en su cuenta de X, y acompañó su afirmación con un video en el que explicó en detalle sus argumentos.

En su intervención pública, el representante entregó una declaración extensa en la que pidió a la opinión pública no dejarse confundir por sectores que, según él, buscan exonerar de responsabilidades a quienes durante años dirigieron la entidad.

“Quiero que escuche el país los nuevos hallazgos que encuentra la Contraloría con Policía Judicial. Tuvieron que ir con policía a buscar los archivos en la nueva EPS, que estuvo dirigida durante catorce años por un uribista, el señor José Fernando Cardona. Lo nombró Uribe y duró catorce años en la nueva EPS”, afirmó el congresista en un video compartido en X.

Mondragón insistió en que los problemas estructurales de la Nueva EPS no comenzaron en 2024 con la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, sino que datan al menos desde el año 2022. Sostuvo que las irregularidades se agravan con el paso del tiempo y que tienen implicaciones fiscales de gran magnitud.

“¿Y qué ha encontrado? Que entre el 2022 al 2025 se podían estar haciendo incrementos de facturación sin auditoría, que durante todo este periodo se hizo incrementos y anticipos. Y entonces, escuche muy bien lo que ha encontrado previamente. De 2.700 prestadores, escuchen muy bien, de 2.700 prestadores, aparecieron una cantidad de facturas aumentando la cartera de la nueva EPS, pero resulta que está concentrada en un 40% solamente en 36”, detalló el legislador.

Las cifras reveladas por el informe de la Contraloría respaldan parte de los señalamientos hechos por el congresista. El organismo de control advirtió que entre 2023 y 2024 los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que representa un aumento del 155%. Además, se identificaron más de 22 millones de facturas por procesar, de las cuales más de 9 millones resultaron estar repetidas, con un valor estimado de $8,9 billones.

El congresista Mondragón cuestionó la forma en la que se manejaron los recursos públicos destinados a la salud. “No importa que sea pública o privada, lo que hacen es que es un sistema hecho para robar al pueblo colombiano, para llevarlo a la enfermedad y a la muerte, pero además para saquear los recursos públicos de la salud que ponen principalmente a los colombianos y las colombianas”, enfatizó.

También reveló detalles adicionales sobre la magnitud del posible desfalco y la incapacidad tecnológica de la entidad para ejercer control sobre su propia información financiera.

“Colombianos, sepan que esta nueva EPS, en el 2023 al 2024, pasó de anticipos, entregaba dinero anticipadamente y pasó de tres punto cuatro a 8,6 billones de pesos. Esto es lo que encuentra la Policía Judicial y la Contraloría. ¿Saben cuánto es el incremento? Más del 155%. ¿Cómo va a quedar una entidad prestando buen servicio si dilapidan sus recursos?”, preguntó el representante.

El informe de la Contraloría confirma que el valor total de las cuentas por pagar, con corte a marzo de 2025, ascendía a $21,37 billones. De ese total, $10,5 billones corresponden a anticipos sin legalizar y $8,7 billones a facturas sin procesar. La entidad de control también evidenció que las reservas técnicas estaban subestimadas en más de $11 billones, lo que podría indicar una falta grave de planeación financiera.

Sobre este punto, Mondragón fue enfático: “Querían volver a cobrar los mismos recursos aprovechando de que no hay quien le haga auditoría suficiente. Entonces, hay que decirle al país que no faltan los atrevidos defensores de EPS solapados o abiertos a decir que este informe de la Contraloría y la Policía Judicial que es en la época de intervenida la nueva EPS. No, señores, la EPS se intervino, la nueva EPS se intervino en el 2024 y esto es un informe desde el 2022”.

Frente a quienes señalan que el Gobierno actual también tiene responsabilidades, Mondragón respondió que la intervención es una medida correctiva que intenta frenar un deterioro que ya estaba en curso.

“Así que por mucho que están tratando de defender al indefendible Cardona, uribista puesto desde el 2009, lo que es cierto es que ha hecho parte de un entramado para saquear al erario público y llevar enfermedad al país. Que se haga la investigación, expresidente (sic)”, concluyó.