“Usar armas en extremidades”: la medida que evalúa Colombia para frenar secuestros de militares

La Fuerza Pública enfrenta un panorama complejo en varias regiones del país, marcado por asonadas, secuestros y agresiones a los uniformados durante sus operaciones.

En medio de esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el Gobierno analiza nuevas medidas de respuesta que incluyen la posibilidad de aplicar una estrategia similar a la usada en Perú, donde se autoriza a los militares a “usar armas en extremidades” para frenar los ataques y retenciones.

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De acuerdo con lo expuesto por el ministro en declaraciones citadas por Semana, la propuesta surge tras el aumento de situaciones en las que comunidades retienen a uniformados, bajo presiones de grupos armados que ejercen control en áreas con cultivos ilícitos.

Sánchez señaló que el objetivo es evaluar mecanismos que brinden mayor capacidad de acción a los militares en estas circunstancias.

“Quien ingrese a ese perímetro ya sabe muy bien las consecuencias que podría tener, que es el empleo de la capacidad letal que tiene la Fuerza Pública en ese momento. Incluso en Perú está autorizado, en la información que he recibido preliminarmente, a emplear sus armas contra las extremidades inferiores. Esa es una ley de emergencia que ha creado el Perú”, dijo el ministro Sánchez, citado por Semana.

Uno de los episodios recientes que evidenció la gravedad de la problemática ocurrió en el departamento del Guaviare, donde más de 30 militares fueron retenidos durante cinco días. Este hecho generó alertas dentro de la institución, pues los secuestros temporales han impactado la moral de las tropas, según revelaron uniformados consultados por el mismo medio.

Las dificultades no se limitan al Guaviare. En el Cauca, región donde operan disidencias armadas, seis soldados fueron asesinados hace una semana, lo que acentuó la preocupación de las autoridades. El 7 de septiembre, en El Tambo, cerca de 600 personas interceptaron y retuvieron a 45 uniformados que adelantaban operaciones en el área.

Los reportes oficiales también registraron hechos violentos en Putumayo. En esa zona, tres militares sufrieron quemaduras después de que dos personas les rociaran gasolina. Los afectados fueron trasladados a Bogotá para recibir atención en el Hospital Militar, donde permanecen bajo supervisión médica.

El centro asistencial emitió un comunicado, citado por Semana, en el que señaló: “Ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado. Así mismo informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”.

En paralelo a las discusiones sobre el manejo de estas situaciones, el Gobierno también revisa la política frente a los cultivos ilícitos. El general Ricardo Sánchez, director de la Policía Antinarcóticos, reveló que para este año está proyectada la erradicación de 30.000 hectáreas, según lo informó Semana.

La erradicación manual continúa siendo la principal herramienta, aunque existe debate en torno al retorno de la fumigación aérea. En marzo, el presidente Gustavo Petro, quien previamente se había mostrado en contra de esta práctica, solicitó a la Corte Constitucional reconsiderar su posición y permitir nuevamente la aspersión.

El ministro de Defensa explicó que los métodos de fumigación actuales han cambiado gracias a la tecnología, pues ahora se cuenta con drones que permiten hacer un rociado más preciso, lo que reduciría los impactos colaterales.

Sánchez subrayó que estas decisiones se enmarcan en el esfuerzo por proteger a los uniformados que cumplen labores en áreas donde la presión de grupos criminales hacia la población civil es constante. La idea de replicar medidas como la aplicada en Perú busca, según indicó, generar un mecanismo de disuasión frente a quienes intenten retener a miembros de la Fuerza Pública durante sus operaciones.