Contraloría responde a las denuncias de un concejal sobre crisis en la Nueva EPS y revela graves hallazgos: “¿Y no pasa absolutamente nada?”

La Contraloría General de la República dio respuesta formal a las denuncias públicas realizadas por el concejal de Bogotá Daniel Briceño relacionadas con el grave estado financiero y administrativo de la Nueva EPS. El ente de control divulgó una serie de hallazgos que confirman las preocupaciones expresadas por el cabildante, aunque negó que ocultó información al respecto.

Briceño, abogado y concejal del partido Centro Democrático, usó sus redes sociales para señalar que la Contraloría había mantenido “engavetado” un informe técnico que advertía sobre el colapso fiscal de la entidad prestadora de salud más grande del país.

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En una publicación que circuló ampliamente, expresó: “Sabemos que la Contraloría tiene más información sobre el estado de las EPS intervenidas y seguiremos exigiendo su publicación. No más silencio”.

El concejal acusó directamente al contralor Carlos Hernán Rodríguez de no actuar con diligencia y de guardar silencio frente a lo que calificó como una crisis provocada por la intervención de la Nueva EPS por parte del Gobierno nacional.

Contraloría General niega ocultamiento de información y confirma hallazgos

Horas después, la Contraloría emitió un comunicado en el que confirmó la realización de un operativo de policía judicial en julio de 2025, con el objetivo de recolectar información sobre la situación financiera, técnica, jurídica y administrativa de la entidad. Este procedimiento incluyó entrevistas, toma de evidencias físicas y análisis de sistemas de información.

El informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) alertó sobre posibles irregularidades de carácter fiscal. Uno de los puntos más críticos se refiere al aumento desproporcionado de los anticipos pendientes por legalizar.

Según los datos presentados, entre 2023 y 2024 estos pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, además, durante el primer semestre de 2025, esta cifra alcanzó los $15,27 billones. Este crecimiento advirtió la entidad, puso en riesgo la liquidez de la EPS y representa una amenaza concreta de detrimento patrimonial.

Además, el informe reveló que más de 22 millones de facturas estaban pendientes por procesar; de estas, cerca de 9 millones presentaban registros repetidos, esto implica que existen $13,2 billones en facturación aun sin revisar, lo que representa el 97% de las obligaciones reportadas por la Nueva EPS entre 2024 y el primer semestre de 2025.

La falta de verificación en estos procesos, según la Contraloría, genera inconsistencias que afectan la contabilidad y la sostenibilidad del sistema.

También se detectó una concentración de riesgos fiscales, pues 36 prestadores de salud, dentro de una red de más de 2.700, concentran el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones. Este dato sugiere una exposición significativa frente a eventuales litigios o incumplimientos contractuales.

A esto se suma la ausencia de documentación contractual exigida por el Decreto 441 de 2022. La EPS no presentó los soportes de varios acuerdos con prestadores de servicios de salud, lo que impide verificar el cumplimiento de requisitos mínimos para la contratación.

El estado de las cuentas por pagar también genera alarma, puesto a que a marzo de 2025, estas alcanzaron los $21,37 billones y la Contraloría reiteró este dato a través de sus canales digitales, al señalar que esta cifra afecta directamente la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que cubre aproximadamente al 22% de la población del país.

Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que la alerta será trasladada a la Delegada para el Sector Salud, que determinará los pasos a seguir en materia de control fiscal. El informe también será remitido a las autoridades competentes para que se evalúen posibles responsabilidades penales y disciplinarias.

Briceño insiste en que órganos de control omitieron su deber institucional

Pese a esta respuesta, Briceño mantuvo su posición crítica y a través de otro mensaje, insistió en que las autoridades omitieron su deber de control durante los últimos meses.

En un nuevo video compartido en sus redes, afirmó: “La pregunta que dejamos aquí al aire es: ¿cómo fue que el Contralor, el Procurador, la Fiscalía y los órganos de control permitieron que la Nueva EPS llegara a este punto tan grave a nivel financiero? ¿Dónde están los órganos de control? ¿Por qué los ciudadanos pagan billones de pesos alimentando a varios burócratas, tanto en la Procuraduría como en la Contraloría, y no pasa absolutamente nada?”.

También anunció nuevas denuncias, pues en sus palabras, el papel del contralor General debe seguir en investigación, ya que, según sus declaraciones, habría intentado proteger al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro de las consecuencias políticas y sociales derivadas del manejo de la salud pública.

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