Beatriz Eugenia Hernández, una mujer de oriunda de Colombia y residente en Miami-Dade (estado de la Florida), fue acusada de liderar un esquema transnacional de contrabando de oro que involucró a su familia y movilizó más de 24 millones de dólares entre Estados Unidos y su país natal.
Lo anterior se conoció a partir de lo mencionado en la acusación formal que difundió el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y reseñada por el diario Miami Herald.
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El plan consistía en ocultar cilindros de oro puro dentro de piezas de cobre, las cuales eran enviadas desde Colombia disfrazadas como “conectores eléctricos” y otros artículos relacionados con equipos hidráulicos, destaca el documento.
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Las piezas se pintaban y etiquetaban falsamente para evadir los sistemas de detección e inspecciones en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
Los pormenores de la investigación: así cayó la colombiana Beatriz Eugenia Hernández y su familia en EE. UU.
La investigación federal estableció que Beatriz Eugenia Hernández, de 57 años, operó junto a su hermano Esteban Hernández y su hijo Carlos Mathias González, que también fueron imputados y vinculados a la organización.
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Los tres utilizaban la empresa Triagono SAS, con sede en Colombia, para el envío de los cargamentos y gestionaban la recepción a través de la compañía Admet LLC, registrada en Miami-Dade.
Según registros judiciales citados por el Miami Herald, las autoridades determinaron que la operación permitió el flujo de 24,6 millones de dólares entre los dos países entre diciembre de 2018 y mayo de 2022.
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El método ideado por Hernández captó la atención de las autoridades estadounidenses debido a la sofisticación en el ocultamiento del oro. Los envíos llegaban descritos como “conectores eléctricos”, accesorios para bombas hidráulicas, enchufes eléctricos y piezas genéricas, lo que dificultaba su identificación.
Las millonarias transferencias de las ventas del oro desde Estados Unidos a Colombia
De acuerdo con la acusación y otros documentos interpuestos ante la justicia, los acusados vendían el oro mediante dos entidades corporativas en Estados Unidos y transferían los fondos entre sus cuentas antes de enviarlos a la empresa familiar en Colombia.
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El Departamento de Justicia recordó en su comunicado: “La familia Hernández fue responsable de una red de contrabando que movilizó millones de dólares de oro disfrazado por el Aeropuerto Internacional de Miami”.
El dinero producto de esas operaciones era transferido electrónicamente, siendo procesado por las propias compañías, Admet LLC y The Binomial Company, para posteriormente ser remitido a Sudamérica.
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Las autoridades judiciales indicaron que los envíos presentaban diversas irregularidades. “Los tres involucrados etiquetaron intencionalmente de manera incorrecta los cargamentos para ocultar el verdadero contenido”, según la acusación revisada por el miso diario local.
Una vez que el oro llegaba a Estados Unidos y pasaba por fundición, “Beatriz Eugenia Hernández y sus conspiradores, incluido Carlos Mathias González, vendieron el oro resultante a través de Admet y The Binomial Company a comerciantes y refinadores de oro” en Miami, de acuerdo con lo que reza en el expediente judicial.
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Más detalles del proceso judicial que tiene a una familia colombiana en aprietos a con la justicia norteamericana
El caso fue dado a conocer públicamente por Hayden P. O’Byrne, fiscal para el Distrito Sur de Florida, con apoyo de José R. Figueroa, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y participación de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El fiscal auxiliar Zachary A. Keller asumió la acusación oficial y coordina el proceso en curso.
El punto de quiebre para la organización llegó en mayo de 2022, cuando funcionarios de la aduana interceptaron un envío sospechoso de seis cajas procedentes de Triagono SAS, rotuladas como “conectores eléctricos”, en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ese mismo día, Hernández mantuvo comunicaciones por WhatsApp con su hijo y colaboradores, en las que advertía que “había una retención y los paquetes no habían sido liberados”.
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Tres meses después, el cerco se cerró sobre colaboradores de la red: Luis Villanueva Perdomo y Andrés Calero Castro, ambos vinculados a la empresa en Colombia, fueron señalados por contrabando de oro cuando intentaron introducir lotes de joyería valorados en 25.000 dólares por un vuelo comercial desde Cali a Miami.
La respuesta de los abogados defensores de la familia colombiana
Frente a la gravedad de las acusaciones, los representantes legales de Beatriz Hernández y los otros imputados argumentaron en pública la inocencia de sus clientes.
“Son completamente inocentes”, respondieron los abogados Sidney Fleischman, William Zloch, Walter Reynoso y Dennis Kainen en declaraciones al Miami Herald.
Además, los juristas insistieron en que sus defendidos “habían obtenido asesoramiento legal, tanto de letrados de Florida como de Colombia, antes de comenzar con su negocio”.
A través de una declaración oficial, se especificó que “los abogados anteriores les habían confirmado la legalidad de la importación de oro”, por lo que consideraron que las autoridades estadounidenses deberían “reconsiderar este proceso”.
Mientras avanza el proceso judicial y se examinan las pruebas incautadas en Miami y Colombia, poniendo en cuestionamiento los controles aduaneros y la sofisticación de los esquemas de contrabando internacional.
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