La contienda interna del Pacto Histórico en Colombia ha alcanzado un clima de alta tensión tras las declaraciones de Susana Muhamad, precandidata presidencial, que ha puesto en el centro del debate las ventajas económicas y tecnológicas de su principal rival, Daniel Quintero, así como los numerosos procesos judiciales que enfrenta el exalcalde de Medellín.
En entrevista con la revista Cambio, Muhamad advirtió que la competencia dentro del movimiento se desarrolla en condiciones desiguales, en un contexto marcado por la incertidumbre política y la inminente consulta interna.
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Muhamad, que se presenta por primera vez como aspirante a la Presidencia, señaló que Quintero dispone de recursos financieros considerables y de un respaldo tecnológico que, a su juicio, le otorga una visibilidad desproporcionada en redes sociales.
“Daniel Quintero tiene mucha plata, cuenta con empresas tecnológicas que le hacen seguimiento semanal con sus propios algoritmos, y por eso es tan visible en redes sociales”, afirmó la exministra de Ambiente en diálogo con Cambio.
Según la precandidata, esta situación coloca en desventaja a quienes, como ella, provienen de movimientos sociales y carecen de los mismos recursos económicos y tecnológicos.
La precandidata también cuestionó la equidad del proceso electoral, especialmente tras la prohibición de publicar encuestas, una medida que, en su opinión, afecta la transparencia y la capacidad de los partidos para tomar decisiones informadas.
Muhamad sostuvo que, si el Estado restringe la publicación de encuestas, debería garantizar la financiación de sondeos internos para todos los partidos, con el fin de mantener condiciones justas en la contienda.
Críticas a Daniel Quintero y cuestionamientos ideológicos
En cuanto a la participación de Quintero en la consulta del Pacto Histórico, Muhamad expresó su desacuerdo y puso en duda la afinidad ideológica del exalcalde con el movimiento.
“Siempre he dicho que el Pacto debe ser un partido de izquierda y progresista, con banderas claras. Quintero es un liberal con buen manejo de marketing político”, declaró la precandidata al diario nacional.
Aunque reconoció que Quintero cumple con ciertos requisitos, como su postura antiuribista y su apoyo al proceso de paz, insistió en que su presencia en la consulta responde más a una estrategia política que a una verdadera identificación con los principios del Pacto.
La precandidata fue más allá al referirse a los antecedentes judiciales de Quintero, asegurando que enfrenta más de 600 investigaciones y una imputación penal.
“No es solo por no ser de izquierda; es por su prontuario judicial. ¡Tiene más de 600 investigaciones! ¡Una imputación penal!”, enfatizó Muhamad, quien advirtió que una eventual victoria de Quintero colocaría al Pacto Histórico en una posición defensiva, obligando al movimiento a justificar la candidatura de una persona que podría ser llamada a juicio penal en cualquier momento.
Crisis interna y decisiones del Consejo Nacional Electoral
El escenario interno del Pacto Histórico se complica aún más por la crisis derivada de la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a otorgar la personería jurídica como partido único. Muhamad calificó esta situación como una afrenta a la democracia y acusó al CNE de bloquear la participación del movimiento en igualdad de condiciones.
“El CNE está bloqueando la participación del Pacto Histórico como partido unitario en las próximas elecciones, y no es solo un tema de personería jurídica. Es un intento de impedir que uno de los sectores mayoritarios del país participe en igualdad de condiciones”, sostuvo la precandidata.
Según Muhamad, la negativa del CNE obliga a que cada partido integrante del Pacto Histórico presente listas separadas al Congreso, lo que fragmentaría la representación y debilitaría la capacidad política del movimiento.
La precandidata atribuyó esta decisión a una “venganza política del uribismo” y señaló que el presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, está implicado en procesos judiciales relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para Muhamad, se trata de una maniobra de la derecha para frenar el avance del Pacto Histórico y evitar que el electorado decida libremente en las próximas elecciones.
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