Procuraduría recibió denuncia por corrupción contra tres funcionarios de Ecopetrol por contratos de más de $10.000 millones

Una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación el 30 de agosto puso bajo escrutinio la adjudicación de contratos por más de $10.000 millones de pesos en Ecopetrol, señalando la presunta apropiación irregular de estos recursos por parte de tres funcionarios de la empresa.

El documento, que detalla hechos ocurridos en febrero, sostiene que los empleados habrían facilitado la venta de procesos de contratación a través de empresas consideradas de “fachada” y utilizando presuntos testaferros.

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De acuerdo con la denuncia, los funcionarios involucrados serían Mauricio Posada, jefe de Abastecimiento de Ecopetrol; Henry Muñoz, profesional del área; y Edwin Palma, al que los denunciantes identifican como el cabecilla de la operación.

El informe sostiene que estos tres empleados habrían vendido la totalidad de la contratación de Ecopetrol Barrancabermeja a Renzo Serrano, empresario señalado de manejar varias compañías mediante intermediarios.

Las empresas mencionadas en el documento son Randley SAS, Frago SAS, RyF Asociados SAS y Semic SAS. Según la denuncia, estas firmas habrían recibido el 3,5% del total de los contratos adjudicados, lo que representa una porción significativa de los más de $10.000 millones de pesos bajo investigación.

El texto atribuye a Edwin Palma el liderazgo del presunto entramado de corrupción, mientras que Mauricio Posada habría desempeñado un papel determinante en la concreción de al menos uno de los contratos.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el contrato identificado con el número CW227924. En este caso específico, el documento sostiene que Mauricio Posada habría recibido $300 millones de pesos por su intervención, lo que habría resultado clave para que la adjudicación se concretara a favor de las empresas señaladas.

Esta cifra aparece reiteradamente en el informe como evidencia de la presunta participación activa de Posada en el proceso.

El documento también menciona a Óscar Emilio Higuera y José David Díaz Corrales, que, según la denuncia, habrían recibido dinero de Fernando Serrano a través de la esposa de este último.

La mujer, exempleada de Ecopetrol, habría actuado como intermediaria en las operaciones irregulares, facilitando la transferencia de fondos y la adjudicación de contratos.

La denuncia formal, radicada ante la Procuraduría General de la Nación, sostiene que los hechos ocurrieron en febrero y que los funcionarios habrían vendido la contratación de Ecopetrol Barrancabermeja a Renzo Serrano utilizando empresas fachada y testaferros.

El documento enfatiza que las compañías Randley SAS, Frago SAS, RyF Asociados SAS y Semic SAS habrían sido las principales beneficiarias, obteniendo el 3,5% de todos los contratos adjudicados.

Por el momento Ecopetrol no ha dado ninguna declaración oficial respecto a los señalamientos.

Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, implicado en polémica por contrato de Air-e

Un contrato por más de $14.000 millones firmado por el entonces interventor de la empresa intervenida Air-e, Edwin Palma, hoy ministro de Minas y Energía, fue suspendido tras revelarse que la adjudicataria, Macro Integral Soluciones S.A.S., fue creada solo un día antes de la licitación.

Una investigación realizada por Semana señaló que el jefe de compras de Air-e, Hernán Alberto Silva, y su esposa, Sulay Gutiérrez, financiaron la constitución legal de Macro Integral Soluciones S.A.S. a través de su propia empresa, Croma Medical IPS S.A.S..

El mismo recibo de pago vincula a la pareja con la nueva compañía, lo que plantea un posible conflicto de interés. El contrato, firmado el 25 de febrero de 2025, fue suspendido por la Agencia Especial Interventora, aunque ya se habían desembolsado más de $14.000 millones, principalmente en anticipos.

La adjudicación se realizó tras una reunión el 26 de diciembre de 2024, en la que participaron Edwin Palma, el exsecretario general Diego Acosta, el periodista Gerardo Ochoa y el propio Silva.

En ese encuentro se aprobó un “contrato marco para el suministro de materiales y equipos” con valor inicial de cero pesos y vigencia indefinida. Posteriormente, Silva ordenó invitar a tres empresas, incluida Macro Integral Soluciones S.A.S., que había sido registrada el 5 de febrero de 2025.

Las otras dos compañías invitadas fueron Consultoría e Ingeniería Eléctrica CIE S.A.S. e Innova SG S.A.S.. Consultoría e Ingeniería Eléctrica se asoció con Macro Integral cinco días después para formar el consorcio SEC, que resultó adjudicatario.

En la investigación se verificó que Innova SG S.A.S. también estaría vinculada a Silva y Gutiérrez, ya que su representante legal, María Amparo David, mantiene relación con Croma Medical IPS y comparte la misma dirección registrada en la Cámara de Comercio de Macro Integral.

El ministro Palma reconoció haber contratado a Silva, pero aseguró: “Lo conocí cuando entró, nunca lo había visto, como a mucha gente de la empresa. Exagero si digo que lo he visto tres veces”, dijo el ministro Palma a Semana.

Además, el jefe de la cartera de Minas y Energía calificó la denuncia como un “refrito” y sostuvo: “Esa empresa es privada, opera bajo derecho privado, de resto todo es morbo, exageraciones con propósitos políticos, que la Fiscalía investigue y determine responsabilidades”.

No obstante, la Superservicios emitió una circular que contradice la postura del ministro, al afirmar: “Los agentes especiales y los liquidadores ejercen funciones públicas transitorias y son responsables directos e inmediatos de la gestión que adelante la entidad intervenida”.