El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió los esfuerzos por encaminar la política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, yendo en contra de los llamados y exigencias que ha hecho la oposición y una parte de la ciudadanía de detener las negociaciones con grupos armados. Esto, como consecuencia de las acciones violentas que han perpetrado las estructuras en contra de la población civil, la fuerza pública y figuras políticas.
En conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, el jefe de la cartera se refirió específicamente al atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá el 7 de junio de 2025, que derivó en su muerte el 11 de agosto. Incluyó también el ataque perpetrado el 21 de agosto por el ELN en Amalfi, Antioquia, en el cual fueron asesinados 13 policías.
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De acuerdo con el ministro Montealegre, este tipo de hechos, que dejarían en evidencia la falta de voluntad de paz de algunos grupos armados, generan dolor e indignación, pero no deben ser utilizados como argumento para impedir que las negociaciones de paz avancen. Pues, de esta manera jamás se lograría poner fin al conflicto armado. “Si cada atentado significara suspender o acabar un proceso de paz, nunca llegaríamos a culminar un proceso de paz”, detalló el funcionario.

A su juicio, aunque estas acciones criminales deben ser rechazadas, es claro que pueden presentarse, pese a que el Gobierno está buscando la manera de reducir la violencia en el territorio. Incluso, catalogó estos hechos como “sacrificios” de las negociaciones de paz.
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“Es doloroso, son sacrificios que implica un proceso de paz, dolorosos, pero creo que tenemos que avanzar y nunca desistir en lograr una salida negociada del conflicto”, explicó.
Para aclarar su punto de vista, recordó la experiencia del proceso de paz que se adelantó en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y que finalizó con la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Farc (Farc-EP) en 2016. Según expuso, en medio de las conversaciones con el antiguo grupo armado, no hubo ceses al fuego permanentes, y se registraron varios atentados que afectaron a la población, mientras la fuerza pública actuaba para abatir a cabecillas de la organización criminal.
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Pese a la crudeza de la guerra, de los combates y de las acciones criminales de las Farc, que se mantuvieron durante el desarrollo de las mesas de diálogo, el proceso de paz avanzó, no se estancó. De esta manera, fue posible llegar a la firma de un acuerdo, que implicó la dejación de armas de los combatientes y la apropiación de compromisos orientados a la reparación de víctimas.
“Yo creo que eso fue correcto (las acciones ofensivas de la fuerza pública), pero llegó un momento en que cuando ya avanzó el proceso y hubo unos ceses al fuego”, precisó.
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De igual manera, hizo referencia a las diferencias contextuales que se evidencian entre el Gobierno Santos y el Gobierno Petro, que actualmente es blanco de críticas por la manera como ha buscado negociar la paz. Uno de los puntos que destacó es el hecho de que en 2016 se logró la firma de un acuerdo con solo una estructura armada, que era sumamente poderosa y que tenía una organización clara. Ahora, los grupos criminales son distintos y, por tanto, requieren de un acercamiento diferente.

“En este momento hay más de ocho grupos con los cuales se están haciendo acercamientos para una paz, unos grupos que no están organizados jerárquicamente, que no tienen un solo jefe, que están concentrados, fundamentalmente, en las regiones”, detalló.
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En ese sentido, y con el fin de avanzar en las negociaciones de manera clara y organizada, el Ministerio de Justicia ya radicó un proyecto de ley que establece un marco jurídico para la Paz Total.
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