La inminente decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación anual de programas de cooperación, en especial los vinculados a la política antidrogas, afectaría también la agenda diplomática entre Colombia y el gobierno estadounidense.
No obstante, en el contexto de la esperada visita de varios alcaldes colombianos a Washington D.C., la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado oficial este 6 de septiembre de 2025 en el que detalló los actuales esfuerzos bilaterales y las directrices adoptadas por ambas administraciones.
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Pero emitió una dura crítica contra los funcionarios, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro los desautorizara.
“Es lamentable que algunos alcaldes desconozcan la labor que se ha adelantado con el fin de informar los avances y resultados de la política de drogas y politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al gobierno por encima del interés nacional”, se leyó en el documento.
Según informó la sede diplomática a través de un comunicado, en los próximos días la administración del presidente Donald Trump anunciará su determinación sobre la certificación de estos programas, una decisión que, de acuerdo con la ley estadounidense, debe renovarse cada año.
La embajada confirmó el carácter crucial de este proceso, y puntualizó que se encuentran en “intercambios constructivos con el gobierno de los Estados Unidos y entidades nacionales competentes, con el objetivo de abordar de manera coordinada las expectativas acerca de la agenda de la política de interdicción y lucha contra las drogas y cooperación internacional en materia de seguridad”.
El rifirrafe entre los alcaldes y Gustavo Petro por el viaje a Estados Unidos
Las tensiones diplomáticas y políticas escalaron en Colombia por el anuncio del inminente viaje de los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena a Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada por Semana, los mandatarios Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder, Alejandro Char y Dumek Turbay ultimaron detalles para su desplazamiento a Washington D.C., con el objetivo central de entablar contactos políticos orientados a preservar el respaldo estratégico de Estados Unidos en materia de cooperación, comercio e inversión, dados los riesgos evidentes si Donald Trump —presidente estadounidense— decidiera retirar la certificación a Colombia entre el 14 y 15 de septiembre.
La medida, recalca AmCham Colombia, podría suponer “sanciones como la suspensión de ayuda económica y militar, restricciones comerciales y posibles afectaciones a la percepción ante inversionistas y organismos internacionales”.
La reacción del presidente Gustavo Petro no tardó en provocar controversia nacional. En su cuenta oficial de X, el mandatario aseguró que “estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta”. Para el jefe de Estado colombiano, los mandatarios locales estarían excediendo su competencia al buscar representación internacional sin aval nacional.
La respuesta de los alcaldes fue tajante. Poco después, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, contestó: “Petro ya actúas como un dictador. Claro que iremos. Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia. Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia”.
En otra declaración, profundizó su reproche: “Intentaremos mitigar el desastre que has generado. En democracia, tenemos el derecho de hablar por nuestra gente. Te enterarás de cómo nos va. Lo hacemos por Colombia, no por vos. Y por supuesto, no te tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos”.
Esta confrontación verbal destacó la divergencia entre el enfoque del gobierno nacional, orientado a una diplomacia convencional y centralizada, y la postura activa de los líderes locales, que reclaman el derecho de interlocución internacional directa para defender los intereses de sus territorios.
La coyuntura resulta aún más delicada si se considera el difícil escenario actual: aunque Estados Unidos reconoce los avances recientes en incautaciones, existen “preocupaciones por el crecimiento alarmante de los cultivos de coca y su lenta erradicación”, ya que solo se ha logrado eliminar “un poco más de 3.000 hectáreas de 30.000 que se proyectaron”.
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