La defensa del fiscal Mario Burgos solicitó el arresto del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presunto desacato a una orden judicial que le exigía retractarse de acusaciones sin pruebas contra el propio Burgos.
La petición, presentada el viernes posterior al 29 de agosto de 2025, se fundamenta en el incumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, que ordenaba al mandatario rectificar públicamente sus señalamientos.
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Según información recogida por El Heraldo, la defensa sostiene que Petro fue notificado en debida forma, pero hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento en relación con la retractación exigida.
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El incidente de desacato, firmado por el abogado Juan Sebastián Rondón Duarte, representante legal de Burgos, detalla que el presidente no cumplió con el plazo de 48 horas establecido por el fallo para retractarse tanto en público como en sus redes sociales.
Semana informa que el documento presentado ante la justicia solicita que se declare el desacato por parte de Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República, por el incumplimiento de la sentencia de tutela del 29 de agosto de 2025.
Además, la defensa de Burgos pide que el mandatario sea investigado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por los presuntos delitos de prevaricato por omisión y fraude a resolución.
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El fallo de tutela, según lo reportado por El Colombiano, ordenó a Petro retractarse de las declaraciones en las que vinculó a Burgos con organizaciones dedicadas al narcotráfico y lo acusó de desviar la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
El juez consideró que las afirmaciones del presidente excedieron los límites del debate democrático y la libertad de expresión, ya que carecían de sustento probatorio y representaban un riesgo de causar daño.
Por ello, la decisión judicial amparó los derechos al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana del fiscal Mario Burgos, y exigió al presidente reconocer públicamente que sus acusaciones no estaban respaldadas por pruebas ni por una investigación formal.
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El trasfondo de este conflicto se remonta a la investigación penal que el fiscal Burgos lideró contra Nicolás Petro, hijo del presidente, por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
En ese contexto, Gustavo Petro realizó declaraciones públicas en las que señaló a Burgos de ejercer presiones indebidas y de tener vínculos con la llamada “junta del narcotráfico”.
La defensa del fiscal, citada por El Colombiano, menciona que estas afirmaciones no pueden considerarse simples opiniones políticas, sino que constituyen actos de retaliación que afectan la independencia judicial y la presunción de inocencia, además de implicar un uso indebido del poder presidencial para resolver disputas personales.
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En la solicitud presentada, la defensa de Burgos argumenta que el incumplimiento de la orden judicial por parte del presidente constituye un acto arbitrario y solicita que se imponga la sanción de arresto.
Además, pide que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigue a Petro por los posibles delitos de prevaricato por omisión y fraude a resolución.
El abogado Rondón Duarte enfatiza en el documento que la intervención judicial es necesaria ante la falta de cumplimiento de la orden emitida por el Poder Judicial.
Desde la defensa de Burgos, se ha insistido en la importancia de acatar las decisiones judiciales y en el respeto al Estado de Derecho.
Hasta el momento, Gustavo Petro no ha realizado ningún pronunciamiento público sobre la orden de retractación ni sobre el incidente de desacato presentado en su contra, según han confirmado El Heraldo y Semana.
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El caso subraya la importancia de que los altos funcionarios del Estado respeten las decisiones judiciales, ya que el cumplimiento de la justicia es esencial para la legitimidad y el funcionamiento de la democracia.
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