La Procuraduría General de la Nación solicitó información urgente a la Superintendencia de Notariado y Registro tras denuncias de presuntos sobornos en el concurso de notarios, un proceso que ha generado gran interés público y judicial este año.
La medida se produce luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien alertó sobre rumores de pagos de hasta mil millones de pesos por un cupo y la presunta implicación de funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Superintendencia.
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El mandatario calificó la situación como “corrupción impuesta” e instó al procurador general a investigar el caso, confirmando que la Procuraduría ya inició actuaciones preliminares.
“Rumor habla de recogida de fondos para sobornar por cupos en las notarías en el nuevo concurso. Hasta cenas pagas hay Funcionarios en ministerio de justicia y Superintendencia, estarían metidos. Se habla de mil millones por cupo. Le pido al procurador revisar esta corrupción impuesta. Sé que se han iniciado preliminares en la Procuraduría”, dijo el mandatario.
La controversia se intensificó cuando Roosvelt Rodríguez Rengifo, superintendente de Notariado y Registro, recibió un oficio del procurador delegado para la vigilancia preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, en el que se formularon advertencias y requerimientos sobre el concurso de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial.
El oficio subraya que el proceso involucra recursos por más de 8.127 millones de pesos, gestionados por la Universidad Libre, y detalla las recientes modificaciones al cronograma, incluyendo la apertura de inscripciones prevista para el 9 de septiembre.
La tensión aumentó con la renuncia de los notarios Óscar Fernando Martínez y Soraya Franco como miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial (Cscn).
En una carta enviada al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, ambos denunciaron “serios cuestionamientos frente a las actuaciones del operador logístico, la Universidad Libre”, especialmente en etapas clave del concurso, como la lista preliminar de admitidos, la calificación de la prueba de conocimientos y la entrevista, funciones que habrían quedado fuera del control del Consejo.
El concurso de licitación pública No. 003 de 2025, mediante el cual se seleccionó a la Universidad Libre, también ha sido cuestionado por presuntas vulneraciones a los principios de contratación pública.
Ante estas irregularidades, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública asumió diligencias preventivas sobre el concurso y el contrato, advirtiendo que “no se descarta que la Fiscalía revise los presuntos sobornos mencionados por el presidente Petro”.
Expertos han señalado que el mecanismo de defensa de los concursantes es limitado, pues el único recurso permitido se restringe a la lista de elegibles, dejando fuera de impugnación decisiones fundamentales del proceso.
Además, se cuestiona el uso de recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado (Fcen) para financiar el concurso, lo que podría afectar la sostenibilidad de notarías vulnerables.
El último concurso para notarios se realizó en 2015 y la lista de elegibles perdió vigencia en 2018, dejando decenas de notarías en interinidad.
Esta situación ha contribuido a la percepción de inestabilidad y falta de transparencia en el sector, aumentando la presión sobre las autoridades para garantizar que el nuevo proceso cumpla con los principios de equidad y legalidad.
El cronograma oficial del concurso contempla etapas desde septiembre de 2025 hasta junio de 2026, incluyendo recepción de documentos, pruebas escritas, entrevistas y publicación de resultados finales.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni la Superintendencia de Notariado y Registro han emitido declaraciones oficiales sobre las denuncias.
En reacción a las acusaciones, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia presentaron una denuncia penal para que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades señaladas por el presidente Petro, con el objetivo de esclarecer si particulares o funcionarios negociaron cupos para acceder a notarías.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió la integridad del concurso y aseguró que se desarrolla bajo estrictos estándares de legalidad y prudencia, enfatizando que “ni el Ministerio de Justicia ni la Superintendencia vamos a permitir actos de corrupción en este concurso”.
Montealegre solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría que lleven las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, con el fin de identificar y sancionar a los responsables de cualquier irregularidad.
El proceso de selección, que busca garantizar transparencia, ahora está bajo la lupa de las autoridades y genera inquietud entre los más de 18.000 ciudadanos que aspiran a participar, mientras los rumores de sobornos elevan la presión sobre las instituciones involucradas.
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