
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió en un video a lo que considera la campaña política más barata que se ha hecho en la historia de Colombia.
Con dardos lanzados a sus contrincantes y a empresarios inmiscuidos en la opinión pública, tales como Luis Carlos Sarmiento Angulo, Jaime Gilinski, Mario Hernández o Bruce Mac Master, aseguró que, al no contar con el apoyo de socios de tal calibre, ha recurrido a la creatividad.
“Hemos logrado crecer en las encuestas hasta llegar a los primeros lugares con la campaña más barata de la historia. Y eso los tiene más desesperados todavía. Mi campaña es cero sedes, cero estrategias, cero pauta. Cuando uno no llega ni a los medios de comunicación, cuando uno no tiene círculos de poder acompañándolo, ni políticos ni jefes empresariales acompañándolo, tiene que recurrir a la creatividad. Ellos quisieran verme gastando para poder mantener la línea y la tesis de que se está haciendo con recursos o del Gobierno Nacional o de Medellín”, señaló.
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Hermano de Daniel Quintero, en el ojo del huracán
El papel de Miguel Quintero dentro de la administración pública de Medellín ha cobrado relevancia luego de que documentos oficiales y testimonios colocaran bajo la lupa una red de influencias políticas y empresariales tejidas en torno a figuras del círculo cercano al exalcalde y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero. Según información documentada por Caracol Radio, investigaciones disciplinarias y penales han avanzado sobre varios de estos actores, señalando presuntas prácticas de corrupción en la asignación de contratos públicos.
A partir de las indagaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, casos como el de Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad, y Estefanía Cuervo Sánchez, exsubsecretaria legal, han sido destacados.
Ambos están bajo proceso por un contrato interadministrativo de 16.000 millones de pesos, suscrito entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús el 29 de junio de 2023, a solo horas de entrar en vigencia la Ley de Garantías Electorales. De acuerdo con la Fiscalía, el convenio carecía de los estudios previos, el análisis sectorial y la sustentación presupuestal requeridos. Esta operación, llevada a cabo en el umbral de la restricción normativa, se ha convertido en uno de los focos principales de las investigaciones.

De igual modo, la Procuraduría ha emitido sanciones de destitución e inhabilidad por nueve años contra Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano Ospina, ambos exfuncionarios de la administración Quintero, por prorrogar sin justificación un contrato de más de 5.200 millones de pesos para el mantenimiento de jardines de Medellín. Aunque se esgrimió la pandemia de covid-19 como causa de la extensión —que llevó el plazo inicial de tres meses a ocho— la entidad concluyó que esta decisión violó los principios de economía y eficacia administrativa.
Según el propio informe disciplinario, “la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante”, catalogando la actuación como una falta gravísima.
Mientras estos procesos avanzan, el nombre de Miguel Quintero ha pasado a ocupar un lugar central en los expedientes investigativos. Aunque su perfil ha tenido menor visibilidad pública, Caracol Radio detalla que Miguel Quintero es abogado con especialización en contratación estatal y fue concejal de Medellín por el Partido Verde entre 2012 y 2015.
Más tarde, trabajó como director de Monitoreo y Evaluación de Proyectos en la Gobernación de Antioquia bajo la administración de Luis Pérez, quien posteriormente derivó en un aliado electoral de Daniel Quintero. Esta conexión se evidencia en el escándalo del lote Aguas Vivas, donde un predio de Pérez, luego de ser transferido al municipio, fue retornado a su familia a un valor aumentado en 1.700%, pasando de 2.700 millones a 40.000 millones de pesos.

Las relaciones empresariales de Miguel Quintero también han sido objeto de escrutinio. Fue gerente de Intrasoft S.A.S., firma empleada para certificar experiencia laboral a funcionarios del gobierno municipal, aunque los comprobantes de seguridad social y otros documentos no siempre respaldan dichas certificaciones. En el plano personal, su pareja, Leidi Johana Saldarriaga, trabajó en su unidad de apoyo mientras fue concejal y ofrecía propiedades de lujo en la plataforma Airbnb.
Durante la campaña que llevó a Daniel Quintero a la alcaldía, Miguel reforzó su peso político con el respaldo de una red de aliados, entre ellos el senador Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador, involucrado en temas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; Julián Bedoya —exsenador liberal inhabilitado por falsificación de títulos—; y el propio Luis Pérez.
También figuran William Ortega, excongresista de Bello, y su hijo Sebastián Ortega, quienes habrían intervenido en la asignación de la gerencia de Afinia (sector energético) por 8 millones de dólares (cerca de 32.000 millones de pesos). Según testimonios citados por la prensa local, la selección de Javier Lastra Fuscaldo como gerente de Afinia se discutió el 5 de diciembre de 2020 en un club tradicional de Medellín.
El abogado Andrés Garzón, apoderado de Lastra, afirmó que tanto su cliente como la documentación correspondiente están a disposición de la Fiscalía y que “el nombramiento no tuvo relación con Daniel Quintero ni con intereses políticos”, asegurando que el proceso lo lideró la firma cazatalentos Aristos Stanton Chase.
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