El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se pronunció públicamente sobre la carta enviada por el partido Cambio Radical a la mesa directiva del Senado. En el documento, la colectividad solicita que se impida la participación de los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega en la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional, bajo el argumento de que ambos se encuentran sancionados por su partido con pérdida de voz y voto.
Por lo que el mandatario cuestionó el alcance legal de esta medida y advirtió que se estarían vulnerando derechos fundamentales. A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado lanzó un mensaje directo a quienes, según él, buscan alterar las reglas democráticas del país con decisiones partidistas sin el aval judicial necesario.
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“Quitar derechos políticos, solo es posible por Juez penal, según la convención americana de Derechos Humanos que es ley y constitución de Colombia. ¿Es que solo pueden ganar con trampas y violando los derechos humanos? (sic)”, escribió el presidente.
La afirmación de Petro apunta a un cuestionamiento de fondo: el alcance legal que tienen los órganos internos de los partidos políticos para limitar los derechos de los congresistas elegidos por voto popular. En este caso, el mandatario defiende el principio de legalidad y hace referencia explícita al sistema interamericano de derechos humanos, el cual establece que los derechos políticos solo pueden restringirse por sentencia judicial y no por decisiones de carácter administrativo o disciplinario dentro de un partido.
La polémica gira en torno a las sanciones impuestas por el Consejo de Control Ético de Cambio Radical contra Ortega y Castañeda por, según el partido, haber desobedecido directrices colectivas. La sanción, que consiste en la pérdida del derecho a hablar y votar durante once meses, fue confirmada por el Comité Central del colectivo político y notificada a la mesa directiva del Senado.
No obstante, ambos senadores presentaron recursos ante el Consejo Nacional Electoral, pues ellos alegan que mientras no exista una decisión definitiva de esa instancia, pueden ejercer plenamente sus funciones parlamentarias, incluyendo el voto. La respuesta del partido; sin embargo, fue tajante; sostiene que la sanción ya está en firme y que la impugnación no suspende sus efectos por tratarse de congresistas y no de directivos del partido.
Frente a esta tensión, la carta enviada por Cambio Radical advierte que cualquier participación de los senadores sancionados generaría consecuencias legales graves. Entre ellas, menciona la nulidad de votaciones legislativas y procesos de elección, investigaciones disciplinarias contra la mesa directiva del Senado y posibles delitos penales como prevaricato y fraude procesal.
La reacción del presidente no se limita a una defensa jurídica de los derechos de los congresistas sancionados, puesto que el mensaje también apunta a una crítica política hacia quienes, según él, buscan manipular el procedimiento de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Pues el Senado deberán escoger entre Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar —los tres seleccionados por la Corte Suprema de Justicia— se votará al siguiente magistrado de la Corte Constitucional, quién ocupará el lugar del togado José Fernando Reyes, y que podría tener en sus manos la votación final sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional.
Es importante mencionar que, ante este escenario, el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro tenía un interés evidente en respaldar a la candidata María Patricia Balanta. Por esa razón, el partido decidió apoyar a Carlos Camargo, ex defensor del Pueblo, como una forma de contrarrestar al Ejecutivo y evitar que este termine controlando a los magistrados de la Corte Constitucional.
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