Durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado de la República, se produjo un incidente inusual cuando al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le fue denegado el acceso al recinto.
Fuentes oficiales y registros audiovisuales captaron el momento exacto en el que personal responsable de la seguridad impedía su ingreso, situación que generó comentarios inmediatos entre los asistentes y el propio ministro.
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Al abordar lo sucedido, Sanguino planteó una crítica abierta sobre las implicaciones políticas y el alcance de la decisión.
“Y dicen que el dictador Petro, Esto no había pasado en ningún gobierno, que no dejen entrar a un ministro, ni siquiera a un salón social. Eso no ha pasado en ningún gobierno”, dijo el ministro Sanguino.
Según lo confirmó Noticias RCN la mesa directiva del Senado no solo impidió el ingreso del ministro, sino también de asesores del gobierno.
De este modo, el titular de Trabajo enfatizó la excepcionalidad del hecho, subrayando que ni en administraciones anteriores—caracterizadas por posiciones adversas o crisis políticas—se había registrado una prohibición similar a un miembro del gabinete nacional.
La elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional reviste especial interés público y político en Colombia, situación que probablemente agudizó la sensibilidad en torno al acceso al Senado.
El ministro utilizó la frase “ni siquiera a un salón social”, sugiriendo que la exclusión no solo afectó su función institucional, sino que representó también una limitación inédita a la presencia del Ejecutivo en escenarios formales de la democracia colombiana.
La reacción del ministro de Trabajo ilustra la tensión persistente en la relación entre las distintas ramas del poder público y proyecta sus declaraciones en el marco de los debates sobre la apertura, la transparencia y el respeto a los procedimientos dentro de las instituciones gubernamentales.
Ante este hecho, el presidente del Senado, Lidio García, sostuvo a medios de comunicación que “Que los ministros no votan. Los ministros no votan. Los ministros pueden estar aquí en el lobby, pero los ministros no votan, los asesores no votan, los periodistas no votan. Ustedes estarán aquí en el lobby, que se vote de manera rápida, ustedes tendrán la noticia pronto sin ningún tipo de problemas".
Senado de Colombia define el 3 de septiembre nuevo magistrado de la Corte Constitucional
El Senado de la República de Colombia celebrará este miércoles una votación decisiva para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, según informó W Radio.
Los dos aspirantes con mayor respaldo son Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, y María Patricia Balanta, actual magistrada del Tribunal Superior de Buga.
El magistrado que resulte electo ocupará la vacante dejada por Diana Fajardo Rivera y tendrá un periodo de ocho años.
La elección se produce en un contexto de alta expectativa, ya que la Corte debe resolver asuntos clave como la implementación del Acuerdo de Paz, la reglamentación de derechos sociales y económicos, y el control de reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Ambos candidatos han defendido su independencia frente a los partidos políticos. Balanta afirmó: “No soy cercana a ningún partido, he estado en la rama judicial durante 45 años y yo no tengo alianzas políticas ni nada porque eso está proscrito para nosotros”.
También respondió a señalamientos sobre supuestos vínculos con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y destacó: “La gobernadora está muy contenta de que una vallecaucana de estratos muy bajos, que así empezó mi vida, esté postulada para semejante dignidad”.
Por su parte, Camargo ha sido respaldado por Cambio Radical, partido que anunció públicamente su apoyo. Su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo durante las protestas sociales de 2021 ha sido uno de los puntos más destacados de su trayectoria, aunque enfrenta críticas por su cercanía con sectores políticos tradicionales.
El proceso de selección ha incluido semanas de audiencias y análisis de hojas de vida, donde los candidatos expusieron sus posturas sobre independencia judicial, protección de derechos y equilibrio de poderes.
La votación en plenaria requerirá mayoría simple y se espera que la correlación de fuerzas entre los partidos, incluidos sectores del Pacto Histórico que han manifestado afinidad con Balanta, sea determinante.
El resultado de la elección tendrá impacto directo en la dinámica política y jurídica del país, ya que el nuevo magistrado participará en debates sobre leyes, decretos y actos legislativos promovidos por el Gobierno y el Congreso.
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