
En los últimos años, se han conocido múltiples casos de ciudadanos extranjeros que han sido capturados en Colombia por estar ligados a crímenes de abuso sexual a menores de edad.
Ante esta situación, diferentes administraciones locales han implementado estrategias para proteger a la niñez, principalmente en Medellín y el Valle de Aburra.
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En ese sentido, a Colombia llegó Ángel Watch, un sistema que evita que agresores sexuales entren al país. Se trata de una base de datos con la que se pruebe comprobar si los visitantes de Estados Unidos tienen condenas o reportes por delitos contra niños, que en 2024 fue vital para la expulsión de 42 extranjeros que tenían antecedentes ligados a delitos sexuales.

En un caso de esa índole, el 2 de septiembre, la representante Alexandra Vásquez expuso a que en la actualidad hay denuncias en las que se afirma que un individuo estadounidense-peruano es protagonista de múltiples casos de explotación de menores para actividades sexuales pagas en Antioquia
De acuerdo con la representante, el sujeto responde al nombre de Heinz Pool Rigoberto Buleje y es acusado de hechos de trata de personas y explotación sexual de menores y continúa en libertad en Medellín desde 2023, cuando se registró el vencimiento de términos en un proceso judicial en su contra.
“Se trata de un caso alarmante que refleja un grave colapso del sistema judicial colombiano y que pone en evidencia las fallas en la protección de las víctimas, además de poner en riesgo la seguridad de niñas y adolescentes en la región”, sostuvo la representante Alexandra Vásquez.
Cabe mencionar que Heinz Pool fue capturado en diciembre de 2017 en una finca en Copacabana, Antioquia, en una operación conjunta de autoridades colombianas y estadounidenses.

Durante la diligencia, se encontraron drogas, dinero en efectivo y 15 niñas entre 14 y 17 años, muchas de ellas en situación vulnerable, en condiciones de explotación sexual. Este hombre fue acusado de operar una red de trata de personas y explotación sexual mediante engaños, drogas y promesas de regalos, captando a menores vulnerables y sometiéndolas a abusos constantes.
“Desde su captura, el proceso judicial ha estado marcado por múltiples fallos y demoras que evidencian un sistema judicial sobrecargado y con deficiencias en la gestión de casos complejos de explotación sexual y trata de personas”, mencionó Vásquez.
En ese momento, la Fiscalía General de la Nación inició la investigación y formuló cargos en su contra, a cargo del Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín. En 2022, la Corte Suprema de Justicia negó la extradición de Pool a Estados Unidos, argumentando que debía ser juzgado en Colombia por la ley local.
La representante argumentó que desde entonces, el proceso ha estado plagado de retrasos: en siete años se han programado 171 audiencias, de las cuales solo se han realizado 44. Las otras 127 han sido aplazadas, principalmente por causas atribuibles a la fiscalía.
“Desde el año 2023, Pascal no ha sido sometido a una sentencia condenatoria, permaneciendo en libertad por vencimiento de términos, tras una decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín: muchas niñas siguen en riesgo al tener libertad este hombre que es un peligro para ellas”, expuso Vásquez.

Para la representante, el caso de Heinz Pool revela cómo la negligencia y la ineficacia judicial pueden involucrar directamente en la impunidad de delitos graves, reiterando que, a pesar de que en 2022 la Corte Suprema negó la extradición, el acusado no ha sido juzgado en Colombia y se encuentra en libertad, con pruebas y testimonios que lo vinculan claramente con la red de explotación.
Por último, la congresista aseguró que organizaciones defensoras de los derechos de los niños y niñas le han hecho saber que denuncias anónimas y testimonios de víctimas recientes advierten que Pool sigue buscando niñas y adolescentes en la región, lo que representa una amenaza latente para la integridad y la vida de menores vulnerables.
“Se ha informado que, tras diversas investigaciones, varias víctimas menores de edad aún no han recibido la protección adecuada, y que el riesgo de que el perpetrador vuelva a actuar ha aumentado considerablemente. Hago un llamado urgente a las autoridades para que actúen, no es posible que extranjeros dañinos como este se aprovechen de la vulnerabilidad de nuestros menores”, concluyó.
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