El 21 de agosto de 2025, las Fuerzas Armadas de Colombia (FFAA) sufrieron dos ataques con artefactos explosivos improvisados conocidos como ‘rompecuarteles’, que resultaron en la muerte de veinte personas y dejaron 81 heridos, entre policías, militares y civiles.
Así se denomina el sistema bélico que ahora usan los grupos armados ilegales para atentar contra la fuerza pública.
En el primer ataque, un campo minado operado a distancia destruyó un helicóptero Black Hawk UH-60A/L de la Policía Nacional de Colombia (PNC) durante una operación de extracción de personal, que acompañaba labores de erradicación de cultivos ilícitos.
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El segundo hecho consistió en la activación de cilindros bomba ocultos en camiones a la entrada de una base de la Fuerza Aeroespacial, con afectaciones graves para civiles y viviendas cercanas.
Producto de ambos casos, el portal especializado Infodefensa, que aseguró en una de sus entregas que estos artefactos, denominados ‘rompecuarteles’, son fabricados de manera artesanal por facciones disidentes de las Farc y por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Cómo son y cuáles son los detalles que tienen en la lupa de la fuerza pública a los ‘rompecuarteles’
Su propósito consiste en atacar instalaciones o sistemas de las FF.AA, empleando dispositivos caseros que lanzan explosivos, ocasionando tanto daños materiales como impacto psicológico.
Los dispositivos suelen ser proyectiles de fabricación casera impulsados como morteros, utilizando cilindros metálicos de aproximadamente 18 kilogramos o tubos cargados con explosivos como amonal —una mezcla de nitrato de amonio, trinitrotolueno y polvo de aluminio—, junto a fragmentos de metal destinados a maximizar el daño mediante metralla.
Se consideran una forma de munición de racimo, ya que se fragmentan al detonar y afectan zonas amplias. Su activación utiliza fusibles eléctricos, temporizadores o mechas, y, en casos excepcionales, procedimientos manuales.
Entre septiembre y diciembre de 2024, este tipo de artefacto explosivo elaborado de forma artesanal fue empleado en la destrucción de tres blindados TM&LS M1117 del Ejército, utilizados en ataques contra vehículos y patrullas durante distintas operaciones internas.
Las consecuencias del uso de ‘rompecuarteles’: violación del Derecho Internacional Humanitario
El uso de los ‘rompecuarteles’ tiene como efecto adicional la intimidación de la población civil, transmitiendo un mensaje de amenaza que expone la capacidad de las organizaciones armadas para desafiar al Estado.
Este contexto agrava la percepción de inseguridad y busca consolidar a estos grupos como actores del conflicto, según lo explica la investigación sobre técnicas de violencia asimétrica en Colombia, precisa el medio especializado en defensa y seguridad militar.
La fabricación y uso de estos artefactos constituyen una violación a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (DDHH), añadiendo complejidad al conflicto armado colombiano y afectando con especial severidad a las poblaciones más vulnerables.
Así se pueden denunciar atentados contr5a la fuerza pública en Colombia
El Ejército Nacional de Colombia reiteró que la Línea de Denuncia 107 Antiterrorismo está operativa como canal gratuito para que la ciudadanía reporte cualquier situación sospechosa, tras los atentados en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia) dirigidos contra la fuerza pública.
Este mecanismo tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta frente a actividades como terrorismo, ubicaciones de depósitos ilegales, laboratorios de drogas, secuestros o presencia de integrantes de organizaciones armadas ilegales. La línea se encuentra disponible las 24 horas, siete días a la semana, para cualquier zona del país y atiende tanto llamadas urbanas como rurales sin costo desde celulares.
La información entregada a través de la Línea 107 es confidencial y busca contribuir a la neutralización y prevención de acciones ilícitas.
Puede conducir, además, a recompensas para quienes brinden datos útiles, cuya valoración queda a cargo de las autoridades competentes. El Ministerio de Defensa anunció el pago de recompensas en varios casos relevantes, como la de 1.000 millones de pesos por información sobre alias Marlon, señalado por su responsabilidad en el atentado de Cali, y sumas superiores para datos sobre alias Kevin y alias Mordisco.
Las operaciones se han intensificado en departamentos como Nariño, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Huila, Antioquia, Bolívar, Chocó, Arauca y Caquetá (y es justo en estas zonas donde más relevancia tiene la línea), donde el Ejército incrementó acciones ofensivas contra grupos armados ilegales.
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