Así es como el Gobierno Petro obligará a que las iglesias paguen impuestos: esta medida viene en la reforma tributaria

El Gobierno de Gustavo Petro presentó en el Congreso de la República una reforma tributaria que, por primera vez, propone gravar con impuesto de renta las actividades comerciales de las iglesias en Colombia, un sector históricamente exento de esta obligación fiscal. La iniciativa busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, el más alto en la historia del país, con un monto proyectado de $556,9 billones.

El proyecto de ley, radicado de manera oficial el 1 de septiembre en la Secretaría de la Cámara de Representantes, establece que las iglesias y confesiones religiosas deberán tributar bajo el régimen ordinario del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan por medio de actividades mercantiles.

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Las actividades estrictamente religiosas, como misas, oraciones y cultos, mantendrán su exención fiscal. Para cumplir con la nueva normativa, las instituciones religiosas tendrán que separar los ingresos, costos, gastos y patrimonio según el tipo de actividad, y aplicar las normas tributarias correspondientes.

Y es que, de acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), las iglesias registraron ingresos brutos de $4,7 billones en 2019 y $4,1 billones en 2020, mientras que su patrimonio bruto alcanzó los $13,5 billones y $12,5 billones, respectivamente, en esos años.

Además, el patrimonio líquido se situó en $12,3 billones en 2019 y $11,4 billones en 2020. Más recientemente, el economista Salomón Kalmanovitz estimó que el patrimonio de las iglesias ronda los $19 billones, lo que representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. Además, al cierre de 2023, la Dian reportó que los ingresos de las iglesias y confesiones religiosas ascendieron a $8,06 billones, casi el doble de los $4,2 billones registrados en 2014.

Cuántas iglesias hay en Colombia

En la actualidad, el Ministerio del Interior tiene registradas cerca de 8.000 iglesias en el país, que estarían sujetas a la nueva obligación tributaria si la reforma es aprobada. Las congregaciones religiosas no reconocidas por el Ministerio ya son contribuyentes del impuesto de renta bajo el régimen ordinario. En cuanto a otros tributos, como el impuesto al valor agregado (IVA), las iglesias no cuentan con un tratamiento especial y deben responder por este gravamen si desarrollan actividades sujetas al mismo, además de actuar como agentes de retención en la fuente.

La propuesta ya suscitó críticas desde diversos sectores. La senadora Lorena Ríos, representante del partido Colombia Justa Libres y vocera de comunidades religiosas, expresó su rechazo a la medida:

“En la reforma tributaria radicada hoy, el Gobierno pretende imponer una carga a las iglesias y confesiones, desconociendo su naturaleza no mercantil y su aporte social a la comunidad. Como en el 2022, volveré a dar la batalla para que no se impongan impuestos mediante leyes ordinarias improcedentes e inconstitucionales”, manifestó en su cuenta de X.

Ríos ya había liderado la oposición a iniciativas similares en el pasado.

Qué motiva al Gobierno a cobrar impuestos a las iglesias

El contexto fiscal que motiva la reforma es complejo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó en rueda de prensa que el objetivo es garantizar la financiación del Estado en 2026 y asegurar la estabilidad macroeconómica a mediano plazo: “Lo que estamos estructurando es una propuesta que nos garantice no solamente que financiamos el 2026, sino que estamos dando estabilidad macroeconómica a mediano plazo”, afirmó.

Ávila resaltó que la reforma busca evitar afectar a los sectores más vulnerables: “No se están tocando artículos de la canasta básica familiar. Buscamos evitar tocar a los estratos bajos y medios de la población con el fin de que el esfuerzo de tributación esté en los perfiles altos de los ingresos”.

La caída de los ingresos fiscales durante 2024, que según el Ministerio de Hacienda representó una disminución de 2,2 puntos porcentuales del PIB, impulsó la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. El Gobierno también enfrenta el desafío de financiar reformas sociales en los sistemas laboral, pensional y de salud, teniendo en cuenta que el Congreso ya archivó la segunda ley de financiamiento presentada por el Gobierno en 2024.

Otro intento para que las iglesias paguen impuestos

No es la primera vez que el Ejecutivo intenta gravar las actividades comerciales de las iglesias. En mayo de 2025, el Gobierno expidió el Decreto 0572, que impuso impuestos a actividades como arriendos, colegios, medios de comunicación y cafeterías vinculadas a instituciones religiosas, además de establecer retenciones sobre donaciones y ofrendas. La medida, considerada por algunos como un exceso regulatorio, sentó un precedente para el actual debate tributario.

El trámite legislativo de la reforma tributaria se inició en una sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas, con la presencia de los ministros de Interior, Trabajo, Ambiente, Deportes y Hacienda. La radicación del proyecto se hizo a puerta cerrada, con restricciones a la prensa.

El Gobierno Petro enfrenta ahora el reto de conseguir el respaldo de un Congreso donde no cuenta con mayorías aseguradas, en especial, tras el rechazo de una reforma tributaria previa, en diciembre de 2024, que buscaba financiar el presupuesto estatal del año anterior.