La campaña presidencial en Colombia sumó un nuevo episodio de controversia tras la propuesta de Santiago Botero, que planteó el despido de funcionarios que incurran en infidelidad, aunque reconoció haber engañado en el pasado a sus parejas.
El precandidato, empresario y fundador de más de 35 compañías, explicó en entrevista con la emisora Bésame, en el programa Las inexpertas, que su iniciativa busca asociar la transparencia en la vida privada con la honestidad en los cargos estatales.
Botero defendió que quienes aspiren a trabajar con él no pueden ser infieles. “La gente que va a trabajar conmigo no puede ser infiel (...) Si usted le dice a su pareja que quiere tener una relación abierta, no lo es. La infidelidad es una mentira, rompes una barrera y yo no quiero gente oportunista a mi alrededor”, expuso.
El empresario planteó que si la propuesta se convierte en ley, la infidelidad sería considerada una causal de despido para quienes ocupen cargos públicos.
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Botero sugirió mecanismos de control para hacer efectiva esta norma, como la vigilancia legal de las comunicaciones de los funcionarios. “Todos los teléfonos de los funcionarios públicos van a estar chuzados por ley. Si usted le es infiel a su esposa le voy diciendo ‘se le acabó la chamba’”, expresó en el espacio radial.
Durante la entrevista, Santiago Botero fue cuestionado sobre su propio comportamiento en el pasado, a lo que respondió: “Desde que me casé por la Iglesia nunca, pero yo fui bandido”.
Relató que su historial de infidelidades fue abordado en consulta médica tras su diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Tdah), y que su médico le explicó el vínculo de su conducta con un sentimiento de vacío.
La “ley para los cachones”, como la bautizó Botero, no es nueva en su agenda. Durante un evento de campaña a comienzos de agosto, el precandidato ya había anunciado la iniciativa y generado un amplio debate en redes sociales. El aspirante sostuvo que su objetivo no se limita al ámbito sentimental, sino que pretende establecer un estándar ético en la función pública basado en la lealtad y la transparencia.
Al justificar la relación entre la vida privada y el desempeño en la administración estatal, Botero señaló: “El que es infiel en mi Gobierno no cabe, porque es un mentiroso”. Argumentó que quienes engañan en lo personal podrían replicar esa falta de honestidad en su función pública, en los negocios o la política. Para el precandidato, la línea entre vida personal y valores públicos debe ser mucho más vigilada y exigente en quienes ocupen cargos de responsabilidad.
La propuesta de Santiago Botero generó una rápida reacción en redes sociales, donde se discute tanto la viabilidad legal de la medida como las implicaciones éticas de vigilar la vida privada de los servidores públicos. Aunque el aspirante no detalló mecanismos jurídicos estrictos para implementar la ley, insistió en la necesidad de que el cambio inicie con un movimiento cultural a favor de la honestidad y la confianza institucional.
En el proceso electoral que se definirá el 8 de marzo de 2026, Botero busca posicionarse como un outsider en la política nacional. Refiere que su motivación de saltar del sector privado a la política obedece a una “misión de justicia divina que Dios le encomendó”.
Aunque no cuenta con trayectoria partidista ni militancia previa, ha financiado con recursos propios los gastos de su campaña y promueve, según sus palabras, la gestión estatal bajo principios empresariales: “Quiero que el Estado se maneje como una empresa en la que todos los colombianos tenemos los mismos derechos”, dijo para el medio citado.
La discusión sobre los límites entre vida privada y función pública ha encontrado eco con este tipo de propuestas. Analistas y ciudadanos debaten la pertinencia de vincular la fidelidad personal con los méritos de los candidatos y funcionarios.
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