Por primera vez después de 167 ediciones consecutivas durante más de tres décadas, Invamer interrumpió la publicación de su informe bimestral sobre la realidad colombiana.
La medida obedece a una ley recientemente aprobada en el Congreso que establece nuevas normas para la producción y difusión de encuestas políticas y electorales. Esta legislación impone limitaciones que llevaron a la firma a suspender su tradicional encuesta.
Tras la polémica surgida en redes sociales por la suspensión de la encuesta bimestral de Invamer, el ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro, Armando Benedetti, se pronunció respecto a la nueva ley. Al referirse a las inquietudes sobre posibles limitaciones, Benedetti aseguró: “No hay tal mordaza”.
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a las críticas sobre posibles restricciones a la libertad de información tras la suspensión de la encuesta de Invamer y afirmó que no existen tales censuras por parte del Gobierno ni del Congreso.
Al respecto, sostuvo: “No hay tal mordaza. La ley 2494 fue una iniciativa del Congreso que incluyó a todos los partidos como el Centro Democrático, el partido Verde, al Pacto Histórico, entre otros”.
El funcionario del Gobierno nacional explicó que la suspensión de la encuesta de Invamer se debe tanto a las restricciones establecidas en el calendario para la publicación de este tipo de estudios, como a los nuevos requisitos de la ley, que exige representación de diferentes tamaños de municipios y no solo de grandes ciudades.
En ese sentido, expresó: “Hoy Invamer no puede publicar su encuesta no solo porque no es el tiempo para hacerlo, sino que la nueva ley obliga a que se tomen en cuenta municipios pequeños, medianos y grandes porque siempre encuestaban las ciudades grandes (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etc.)”.
El ministro Benedetti señaló que la nueva normativa no impide por completo la realización de encuestas, ya que se permite sondear la favorabilidad de entidades y funcionarios, aunque sí establece límites respecto al ámbito electoral.
Así lo explicó: “Además, ellos sí pueden hacer encuestas de favorabilidad del Gobierno, instituciones, alcaldes o gobernadores, lo que no pueden hacer es encuestas sobre el proceso electoral y los candidatos”.
Y es que, la controversia inició debido a que no se dieron a conocer los datos del estudio, que habitualmente recoge la opinión ciudadana sobre el desempeño del presidente, el panorama nacional y la imagen de figuras e instituciones públicas.
La entidad difundió un documento detallado, en el que junto a cada consulta se incluyó la frase: “Lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas no nos es posible informarte la opinión sobre...”.
Según lo aprobado en la nueva legislación, las encuestas de alcance nacional deben incorporar a todas las ciudades cuya población supere los 800.000 habitantes. Además, es obligatorio contemplar la ciudad principal de cada región que no llegue a ese número y seleccionar una muestra significativa de municipios de diferentes dimensiones poblacionales.
La normativa también requiere que los sondeos departamentales contemplen la participación de la capital y de no menos del 20% de los municipios del departamento correspondiente.
Para Invamer, este requisito implicaría incrementar el tamaño de su muestra de alrededor de 1.400 casos a más de 11.000, lo cual elevaría considerablemente los costos, impidiendo mantener la frecuencia regular de estos estudios.
Se interrumpió la difusión de cifras relacionadas con la opinión pública sobre el desempeño del presidente, asuntos económicos, administración de políticas públicas, seguridad, corrupción y la valoración de figuras e instituciones.
El informe divulgado sustituyó las secciones sobre aprobación presidencial, “paz total”, posibles reformas constitucionales, intención de reelección, así como la valoración de alcaldes y gobernadores, por mensajes que anunciaban las limitaciones impuestas por la legislación recientemente aprobada.
Además, la ley impide indagar sobre preferencias de voto para las presidenciales antes del 31 de octubre e impone la inclusión obligatoria de los municipios establecidos con base en cifras oficiales de población en cualquier encuesta política o de opinión. Hasta la fecha, Invamer Poll abarcaba las principales urbes —excepto Soacha—; sin embargo, el nuevo marco legal la obligaría a modificar por completo la composición de su muestra.
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