Así reaccionó el país político a sanción contra el sicario de 15 años que mató a Miguel Uribe Turbay: “Es un incentivo para que recluten menores”

La reciente condena a siete años impuesta a un menor de edad por el atentado y homicidio al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito en Bogotá ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones aplicadas a los adolescentes en el sistema judicial.

Esto llevó a que congresistas colombianos presentaran proyecto de ley que condenaría hasta 60 años a menores de entre 14 y 18 años por delitos similares.

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Según explicó Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en entrevista con La FM, el marco legal vigente establece que, en estos casos, no se utiliza el término “pena”, sino “sanción”, conforme a lo dispuesto por el Código de Infancia y Adolescencia.

En el caso que ha generado controversia, la sanción se redujo en un año debido a la confesión del delito por parte del menor. Bernate detalló: “Por eso seguramente que la sanción era de ocho, pero la redujo en un año atendiendo que el menor de edad había confesado su delito”.

En sus palabras: “Sería muy grave que Colombia desconociera la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y lo propio con las reglas de Beijing”.

Desde el ámbito legislativo, el representante a la Cámara, Andrés Forero, expresó que existe una percepción social de que las sanciones impuestas a menores resultan insuficientes frente a la gravedad de ciertos delitos: “A uno le parece que estos 7 años de no una pena, sino una sanción, pues en cierta manera puede ser reducida, pero entendemos que este es el marco legal que existe hoy en el país”.

El congresista también alertó sobre el aprovechamiento de estas diferencias legales por parte de estructuras criminales, que ven en la legislación vigente un incentivo para reclutar menores. “Esto constituye un incentivo para que recluten a estos menores”, advirtió.

Forero consideró: “Me parecería una fórmula interesante. En el caso de un asesinato, yo creo que a los 14 años ya la persona tiene criterio suficiente para saber lo que está haciendo”.

El legislador enfatizó que el propósito de estos cambios sería disminuir el incentivo que tienen las organizaciones ilegales para instrumentalizar a adolescentes en la comisión de crímenes graves. “No se lo eliminará del todo posiblemente, pero sí por lo menos minimizar ese incentivo”, concluyó.

Por su parte, la congresista Luz Pastrana, una de las defensoras de este proyecto, afirmó que, “Durante años, la criminalidad ha utilizado a nuestros niños como instrumentos del delito. Por eso, nos unimos a la iniciativa de la representante Piedad Correal @piedadcorrealru y, en coautoría, radicamos el Proyecto de Ley 025 de Cámara. Esta propuesta busca frenar la instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales. Es hora de ponerle un alto a quienes le están robando la infancia a la niñez en Colombia".

En esto consiste el proyecto de ley contra menores de edad delincuentes

El proyecto de Ley presentado en la Cámara de Representantes busca modificar el régimen penal aplicable a adolescentes en Colombia.

La propuesta plantea que los menores de edad que cometan delitos graves, como homicidio o terrorismo, sean juzgados y sancionados bajo las mismas normas que rigen para los adultos.

Actualmente, la legislación colombiana contempla un sistema de responsabilidad penal especial para adolescentes, con penas diferenciadas y un enfoque restaurativo. La iniciativa propone eliminar estos beneficios para quienes participen en hechos delictivos de alto impacto, argumentando que la actual normativa incentiva la utilización de menores en organizaciones criminales, debido a las penas más bajas y la posibilidad de acceder con mayor facilidad a rebajas por buena conducta o programas de reintegración.

El texto del proyecto señala que las conductas de extrema gravedad no pueden recibir el mismo trato que infracciones menores y que es necesario garantizar justicia para las víctimas, así como desincentivar el uso de jóvenes en actividades criminales.

El representante ponente defiende la iniciativa como una herramienta para responder a la creciente participación de adolescentes en delitos violentos.