La circulación de una serie de mensajes intimidatorios a través de Whatsapp ha generado una alerta entre los habitantes de Ituango y Puerto Valdivia, en el norte de Antioquia, ante la posibilidad de un toque de queda impuesto por presuntos miembros de las disidencias de las Farc.
La población local solicitó a las autoridades que verifiquen la autenticidad de estos mensajes, que atribuyen a integrantes de los frentes 18 y 36 de ese grupo armado.
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El contenido de los mensajes advierte sobre la imposición de un toque de queda al parecer comenzaría el martes 25 de agosto a las 6:00 a. m., y se prolongaría hasta el jueves a las 6:00 p. m., afectando la vía que conecta Puerto Valdivia con Ituango.
Según lo reportado, los remitentes, que se identifican como miembros de las disidencias, anuncian la inminencia de acciones armadas, enfrentamientos con el Ejército Gaitanista Colombiano (EGC) y la posible instalación de explosivos. Ante este panorama, instan a campesinos y transportistas a evitar el tránsito por la zona.
Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), calificó la situación como grave y ha solicitado a las autoridades locales y nacionales que actúen con urgencia para determinar la veracidad de las amenazas.
En sus declaraciones, Quijano recordó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las responsabilidades constitucionales que le corresponden en la protección de las comunidades, y extendió el llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas de protección.
Así mismo, a través de la cuenta en X de la Corporación se publicó un mensaje en el que se amplía la alerta por el supuesto toque de queda: “Solicitamos de manera urgente que Dada la gravedad de estos hechos, que las autoridades establezcan la veracidad de esta información.Le recordamos al @GobAntioquia las funciones constitucionales y obligaciones que tiene con las comunidades y también al Gobierno nacional, todas las acciones necesarias para la protección urgente de las comunidades”.
Las amenazas recientes se vinculan con hechos ocurridos en las últimas 24 horas, cuando se instaló un artefacto explosivo en la carretera que une las veredas de Cacahual y Alto Seco, en el municipio de San Andrés de Cuerquia.
Este incidente provocó la suspensión del paso hacia Ituango durante varias horas. Tras la inspección, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cilindros cargados con explosivos junto a la vía.
El director de Corpades señaló que en la región se observa un fortalecimiento de los frentes 18 y 13 de las disidencias de las Farc, que mantienen una disputa territorial con el ELN y el EGC o Clan del Golfo. Para comprender la situación actual, Quijano considera relevante recordar los anuncios y acciones recientes de los disidentes, como el comunicado de junio en el que manifestaron su intención de retomar militarmente el municipio de Ituango y aseguraron que “tenían listos los grupos de drones para los combates”. A esto se suman otros episodios violentos, como la quema de vehículos en las carreteras.
Frente a estos hechos, Quijano criticó la respuesta de la Gobernación de Antioquia, calificando su actitud de “aterradora” por la falta de coordinación con el Gobierno nacional en la protección de la población civil.
Según sus palabras, “la Gobernación está en la actitud de esconder la información y las cifras de lo que de verdad está pasando en el departamento, y para echarle la culpa de todo al Gobierno nacional. Lo que también es evidente es el fracaso de la política de seguridad departamental”, indicó el directivo en declaraciones reveladas por Cambio.
Los municipios con mayor población en riesgo debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el norte de Antioquia son Puerto Valdivia, Ituango y San Andrés de Cuerquia. El interés de los actores ilegales se centra en el control del Valle de Toledo, un corredor geográfico estratégico que conecta con otras regiones, como el sur de Bolívar.
Quijano cuestionó la postura de las autoridades militares y policiales, preguntando “¿Por qué desde la Policía Nacional y la VII División del Ejército gastan tiempo negando la verdadera situación de estas poblaciones, en vez de coordinar acciones para proteger a la gente?”
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