Advierten graves riesgos en contratos viales de Colombia por medida del Gobierno que cambiaría la forma de entregar dinero

Una dura advertencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y seis exministros encendió las alarmas en el sector de infraestructura de transporte en Colombia. Por medio de una carta, estas voces advierten sobre las “graves consecuencias” legales, económicas y de credibilidad que podría acarrear la expedición de un decreto del Gobierno Petro que busca redistribuir las vigencias futuras de proyectos de infraestructura de transporte bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).

El documento, divulgado en medio de la inminente entrada en vigor de la medida, sostiene que la iniciativa pondría en riesgo la estabilidad de los contratos, la confianza en el modelo APP y la viabilidad de proyectos clave como la vía El Estanquillo-Popayán.

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El pronunciamiento, firmado por la CCI y los exministros Ángela Orozco, Germán Cardona, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, José Antonio Ocampo y Juan Carlos Echeverry, resume su preocupación en torno al borrador de decreto publicado hace poco por el Departamento Nacional de Planeación.

Según el texto, la propuesta de “redistribuir” vigencias futuras —compromisos presupuestales a largo plazo que permiten financiar grandes obras— pretende regular materias que, a juicio de los firmantes, solo pueden ser modificadas por el Congreso de la República y no por el Ejecutivo. “El objeto de decreto, que apunta a ‘redistribuir’ vigencias futuras, pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo”, advierte la carta.

Riesgos legales y contradicción con la Contraloría General

En el plano legal, la misiva sostiene que el proyecto de decreto genera “serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad”, al desconocer instancias y procedimientos ya establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Los firmantes resaltan que el articulado del borrador contradice los planteamientos recientes de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Carlos Hernán Rodríguez. En un control de advertencia, la entidad señaló que “las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente”, una posición que, según la carta, el decreto ignora.

La advertencia se extiende a los funcionarios que participen en la expedición del decreto. El documento señala que “aquellos funcionarios que expidan el mencionado decreto estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales”, lo que podría acarrear consecuencias personales para quienes avalen la medida.

Consecuencias económicas y riesgos para proyectos APP

En el terreno económico, la CCI y los exministros alertan sobre el riesgo de demandas de los concesionarios de infraestructura, que podrían considerar que el Estado incumple los contratos de concesión vigentes si se modifica de manera unilateral la distribución de las vigencias futuras. “Preocupan, por lo demás, las demandas que desde ya se vislumbran por parte de los concesionarios, en caso de ser expedido el decreto”., dice. Ello, "porque el Estado —de manera unilateral— estaría incumpliendo lo pactado en los contratos de concesión vigentes”, señala el texto.

Algunas propuestas sugieren que la inclusión de un artículo que permita la redistribución de vigencias futuras mediante acuerdo entre las partes podría resolver el conflicto. Sin embargo, la carta rechaza la alternativa con el argumento de que los contratos de concesión ya contemplan cláusulas de mutuo acuerdo y que, por tanto, incorporar la figura en el decreto “no mitigaría sus visos de ilegalidad e inconstitucionalidad”.

Más allá de los aspectos legales y contractuales, la carta advierte sobre el impacto que la expedición del decreto tendría en la credibilidad del sistema de asociaciones público-privadas. Los firmantes recuerdan que el modelo es fundamental para la financiación y construcción de carreteras y también para el desarrollo de infraestructura social, considerada clave para reducir la desigualdad en el país.

“De expedirse, el decreto también pondría en riesgo la credibilidad en el sistema de asociaciones público privadas, que no solo se utiliza para la financiación y construcción de carreteras; es además fundamental al momento de desarrollar infraestructura social, tan necesaria para la disminución de la desigualdad en el país”, enfatiza la misiva.

El Estanquillo-Popayán: paradojas y riesgos para el proyecto bandera

El caso de la vía El Estanquillo-Popayán, en el suroccidente del país, ilustra las paradojas y riesgos que, según el documento, entraña la propuesta del Gobierno. Dicho proyecto, considerado la principal apuesta de la actual administración en materia de infraestructura vial, depende en un 97% de vigencias futuras para la financiación, ya que el corredor solo contará con un peaje.

Bajo el escenario planteado por el decreto, la carta advierte que se generaría un “clima de incertidumbre y desconfianza” que podría dejar al mercado sin garantías ni incentivos para presentar ofertas en el proceso licitatorio, lo que llevaría a declarar desierta la licitación.

La paradoja se profundiza, según los firmantes, porque aunque el Gobierno manifestó que no tocará las vigencias futuras de El Estanquillo-Popayán por tratarse de su proyecto bandera, el periodo presidencial de Gustavo Petro concluye en menos de un año. Esto dejaría abierta la posibilidad de que el próximo mandatario, amparado en el mismo decreto, redistribuya los recursos asignados a la iniciativa, lo que pondría en entredicho su ejecución.

Frente a este panorama, la CCI y los exministros concluyen su carta con un llamado directo al Ejecutivo para que reconsidere la expedición del decreto, por lo que advierten que las afectaciones para el sector de la infraestructura de transporte serían profundas y difíciles de revertir.