El sector ganadero de Colombia enfrenta una intensa preocupación debido a invasiones presuntamente coordinadas en fincas de Arjona y Turbaco, en el departamento de Bolívar. La alarma surgió tras una denuncia del viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero Botero, quien expuso a través de su cuenta de X una serie de hechos que, según sus palabras, evidencian una operación organizada y ajena a dinámicas espontáneas.
“GRAVE DENUNCIA! Atención Ganaderos de Colombia! En las invasiones que se presentaron hoy en fincas de los Municipios de Arjona y Turbaco en el Departamento de Bolívar se pudo comprobar lo siguiente:”, escribió Botero al inicio de su mensaje. El funcionario describió que los ocupantes “llegaron en buses y camiones a las fincas objeto de la invasión. Incluso en ellos se transportaba a personas que no son de la región”.
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El viceministro añadió que, al observar la logística de la incursión, identificaron apoyo de motos de alto cilindraje, las cuales “les suministraron refrigerios y alimentos para incluso en el momento de llegada de la Brigada Ganadera detectar que hasta sancocho ya estaban preparando”. La escena, según su relato, incluía carpas instaladas en los terrenos y grupos de personas equipadas para permanecer tiempo indefinido en los predios.
Botero Botero detalló que “fue una acción coordinada para invadir varias fincas a la vez y así dificultar la acción de las autoridades y el apoyo de la Brigada Ganadera”. Para el representante del Ministerio, la movilización simultánea fue una clara señal de planificación y no de improvisación.
En su denuncia pública, el viceministro planteó interrogantes sobre el origen de los recursos y las motivaciones detrás de los hechos. “Esta denuncia la hago porque deja ver que hay fuerzas oscuras con intereses ocultos que están impulsando estas invasiones. Ahora bien me pregunto: ¿Quién los financia? ¿A quién pertenecen los carros blindados? ¿Por qué personas que no son de la región vienen a invadir estos predios?", enfatizó en su comunicación. Además, instó a las autoridades judiciales a investigar el caso, dada la gravedad de las implicaciones para los ganaderos.
La situación se encuadra dentro de una serie de reportes similares en otras regiones. En departamentos como Huila y Valle del Cauca se han registrado episodios recientes de ocupación de predios privados, donde los propietarios denunciaron demoras en el accionar institucional. Los productores advierten que este escenario podría incentivar a más actores a replicar el modus operandi.
Fernando Murillo Orrego, general en retiro y asesor de seguridad de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), también manifestó preocupación por el uso indebido de argumentos relacionados con procedimientos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según el exfuncionario, los ocupantes buscan justificar las ocupaciones como parte de procesos oficiales, incluso en terrenos que no tienen vínculo con entregas estatales. El asesor de Fedegán insistió en la necesidad de que las autoridades cumplan con el mandato constitucional de proteger la vida y el patrimonio rural reconocido legalmente.
Desde la dirigencia gremial, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, instó al sector a organizarse: “¡Ganaderos, no podemos quedarnos de brazos cruzados! Es el momento de activar los Frentes Solidarios y las Brigadas Solidarias Ganaderas. Debemos alzar la voz, plantear nuestras propias soluciones y lograr que todo el país ganadero entienda la magnitud de esta amenaza”.
Respecto a la actuación estatal, Botero reconoció el papel de las autoridades en Bolívar: “Debe reconocerse la oportuna acción de la Policía Nacional con su división de carabineros y el ejército nacional así como el apoyo de la Brigada Ganadera que en forma pacífica logro el desalojo de las fincas”.
En paralelo, productores de otras regiones como el Eje Cafetero y el Valle del Cauca relataron la llegada de grupos organizados para reclamar terrenos asignados formalmente por la ANT. Si bien estos procesos guardan legalidad, el temor a nuevas ocupaciones ha aumentado entre los propietarios, que insisten en la necesidad de mayor protección.
El gremio exige respuestas rápidas y acciones contundentes frente a los hechos, y advierte sobre las posibles consecuencias si las invasiones coordinadas persisten. Actualmente, la investigación sobre el origen de la logística, la financiación y la intervención de actores externos continúa. El reclamo de los productores rurales es claro, pidiendo garantía de seguridad y respeto por la propiedad privada en las regiones afectadas.
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