Funcionarios de la Cancillería no podrán dar declaraciones a medios: la entidad explicó las razones de esta directriz

La Cancillería se encuentra en medio de una polémica por el tema de la expedición de los pasaportes, que está a pocos días de que se terminé el contrato; sin embargo, en medio de toda esta situación los funcionarios al parecer se encuentran en una nueva encrucijada por las restricciones que habría impuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a declaraciones a la prensa.

De acuerdo con una circular del ministerio, revelada por La W, instruye a embajadores, directores y al resto de la planta a abstenerse de dar declaraciones o colaborar con medios de comunicación sin el visto bueno de lacanciller Rosa Villavicencio. Así, la responsabilidad de pronunciarse públicamente sobre asuntos internos queda concentrada únicamente en la titular de la cartera.

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El documento, remitido a los empleados desde el 11 de agosto y difundido solo recientemente, establece que ningún otro funcionario podrá dar opiniones o revelar detalles de trámites internos aparte de la ministra Villavicencio.

Añade, además, que “la responsable de dar declaraciones a medios de comunicación es la señora ministra de Relaciones Exteriores (Rosa Villavicencio), quien, de manera subsidiaria, podrá autorizar la pertinencia y oportunidad para que otro funcionario ofrezca declaraciones a los medios de comunicación”.”.

Las disposiciones alcanzan incluso el manejo de las redes sociales personales, en las que, aunque se reconoce su carácter privado, se exige “que toda declaración u opinión dada a los medios de comunicación deberá estar aline ada con las políticas de Gobierno y bajo la supervisión del Despacho de la Canciller, a través del GIT de Prensa y Comunicación Corporativa”.

Este enfoque, de acuerdo con la circular, busca fortalecer el control sobre la comunicación institucional en momentos especialmente delicados para la entidad; sin embargo, la Cancillería explicó las razones de esta decisión indicando que se trata de una comunicación interna.

La justificación del Ministerio de Relaciones Exteriores

Entre los argumentos de la Cancillería para justificar sus comunicaciones internas, se destaca la premisa de que este tipo de documentos no solo contienen directrices y obligaciones para los funcionarios, sino que se encuentran fundamentados en el marco jurídico que rige a los empleados públicos de entidades del orden nacional.

Según la propia cartera de Exteriores, estas disposiciones buscan regular las declaraciones a medios de comunicación cuando tratan sobre temas considerados de interés nacional y que, en ocasiones, poseen un carácter reservado por razones de seguridad nacional.

En respuesta a las inquietudes sobre la naturaleza de estos documentos, el Ministerio aclaró que “emite periódicamente este tipo de comunicaciones internas a los funcionarios de la entidad con directrices e información de interés”.

Agregaron que tales directrices “incluyen indicaciones y obligatoriedades para los funcionarios públicos, amparadas en las leyes que rigen a los empleados de entidades del orden nacional, en particular las referidas a las responsabilidades que implican declaraciones a medios de comunicación sobre asuntos nacionales privados como lo son las relaciones exteriores del país, las cuales en ocasiones gozan de reserva por seguridad nacional”, de acuerdo con la explicación dada por la cartera.

Por ello, el Ministerio sostiene la necesidad de contar con protocolos claros y bien definidos para sus empleados en relación con la comunicación pública sobre estos temas.

El Ministerio también destaca que estos documentos forman parte del funcionamiento cotidiano de la entidad y no están destinados al conocimiento público o a terceros, ya que su propósito fundamental es “orientar el ejercicio de las funciones de los servidores públicos en el manejo de la información y la comunicación sobre los temas del despacho”.

Al referirse particularmente a la comunicación con los medios, la Cancillería enfatiza que este tipo de lineamientos buscan prevenir que “declaraciones efectuadas sin la debida autorización puedan afectar las relaciones bilaterales o multilaterales, o comprometer información sensible que, de hacerse pública, podría tener repercusiones nacionales o internacionales”.