La Policía Nacional de Colombia confirmó la extradición de siete ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos, entre los que se encuentra Aníbal Rentería, alias Rentería, cabecilla del grupo armado residual conocido como Los Contadores y coordinador de sicarios en el departamento de Nariño.
Todos los extraditados son requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.
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De acuerdo con las autoridades, alias Rentería es señalado como un responsable del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y como autor material e intelectual de homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados.
Junto a “Rentería”, fueron extraditados Javier Eduardo Monje Iquinas, implicado en una red transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos, encargado de desviar controles y alertar sobre la presencia de autoridades para facilitar grandes cargamentos de cocaína; Jeff Allan Hooker, vinculado al caso de una narcoavioneta inmovilizada en la isla de Providencia con media tonelada de cocaína; Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres.
Las extradiciones forman parte de las acciones de cooperación judicial internacional entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, según reportó Caracol Radio.
Capturados dos miembros de red de narcotráfico requeridos por Estados Unidos, uno de ellos exmilitar de la Armada
Autoridades colombianas capturaron a Julián David Mosquera Dussan, alias Mosca y exintegrante de la Armada de Colombia, junto a Eduardo Martínez Barón, alias Eduardito, señalados de pertenecer a una organización internacional de narcotráfico y requeridos en extradición por Estados Unidos.
La operación, que tuvo lugar el 21 de agosto de 2025 en Neiva (Huila) y Coveñas (Sucre), contó con la participación de la Armada, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la DEA.
De acuerdo con informes de inteligencia, “Mosca”, bajo detención domiciliaria, proporcionaba información sobre operaciones navales a redes de narcotráfico, facilitando el tráfico de drogas en el Caribe colombiano.
Por su parte, “Eduardito”, en detención intramural, fue identificado como coordinador de la distribución de estupefacientes hacia el exterior.
Ambos sujetos ya habían sido procesados durante la operación “Resplandor” en febrero de 2025 por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Las autoridades consideran que estas capturas afectan la capacidad de infiltración criminal en operaciones de las fuerzas navales y constituyen un avance estratégico en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
Paralelamente, en Ecuador, fueron extraditados a Estados Unidos Omar Auseno Burgos, alias “Llanero”, y Nirama Chávez Galvis, “Nirama”, considerados líderes del tráfico de drogas en la frontera colombo-ecuatoriana, según confirmó el Ministerio del Interior ecuatoriano.
Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González a Colombia y le concedió asilo político
El gobierno de Nicaragua rechazó la solicitud de extradición de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) de Colombia, que enfrenta cargos en su país por cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según el comunicado, a González se le otorgó asilo político conforme a la Constitución nicaragüense y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
La decisión se conoció el 20 de agosto de 2025 y responde, según el gobierno centroamericano, al derecho de todo individuo a buscar asilo bajo riesgo de persecución, conforme a la legislación local y tratados internacionales.
Nicaragua sostuvo que, bajo ninguna circunstancia, un extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país donde puedan estar en riesgo sus derechos fundamentales por motivos políticos, sociales o de opinión.
Desde la administración del presidente Gustavo Petro, se confirmó que la solicitud de extradición fue formal, mientras que el mandatario negó haber gestionado permisos de residencia para González. Petro afirmó: “Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel”.
La Fiscalía General de la Nación acusó a González de solicitar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $10.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de respaldo legislativo a proyectos del Gobierno.
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