La exparticipante de La casa de los famosos, Yina Calderón, expresó su postura frente a la situación de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, tras el reciente traslado de la empresaria desde la cárcel El Buen Pastor a la estación de carabineros de la Policía.
Calderón aseguró que su principal deseo es ver a la también influencer en libertad, más allá de retomar su amistad.
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El caso de Epa Colombia sumó un nuevo episodio el 20 de agosto, cuando las autoridades autorizaron su traslado desde la cárcel El Buen Pastor tras un proceso de gestiones y solicitudes presentado por su defensa. La medida, avalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia de Colombia, fue fundamentada en criterios de seguridad y rehabilitación.
La creadora de contenido fue capturada por el CTI de la Fiscalía el 27 de enero en Bogotá, mientras estaba en su local comercial. El proceso penal determinó una pena superior a cinco años de cárcel, pese a los recursos interpuestos por su equipo legal. El traslado representa una modificación relevante en las condiciones de detención de Barrera.
En redes sociales, Yina Calderón abrió un espacio para responder preguntas directas de sus seguidores sobre temas personales y de actualidad. Ante la consulta sobre qué haría si Epa Colombia decide no restablecer el vínculo de amistad tras su salida de prisión, Calderón respondió:
“Bebés, a mí no importa, lo único que quiero es ver a Epa fuera de la cárcel, compartiendo con su mamá, con su esposa, con sus empleados, con su bebé. Ya si es lejos de mí está bien, yo lo acepto. Pero verla afuera, haciendo historias, como era ella. Estar encerrado debe ser muy difícil y ella es una buena mujer, entonces más que si es mi amiga o no, si se va a juntar conmigo, no importa (...) yo lo único que quiero es que Dios la saque de esa cárcel y esté en su casa, en su empresa y con su hija”, afirmó Calderón.
El traslado de Barrera fue precedido por una solicitud argumentada por sus representantes legales y aprobada por instancias como el Ministerio de Justicia, el Inpec y funcionarios de la Presidencia de Colombia. La decisión consideró aspectos de bienestar emocional y protección, junto a las condiciones del establecimiento penitenciario.
Familiares y seguidores de Epa Colombia también se han pronunciado sobre el traslado. La madre de la empresaria difundió un mensaje público en el que expresó su esperanza por una pronta recuperación emocional para su hija y valoró el apoyo recibido durante el proceso.
Las autoridades mantienen firme la sentencia que obliga a Epa Colombia a completar más de cinco años de condena, aunque ahora en condiciones distintas. Mientras tanto, figuras públicas como Yina Calderón reiteran que la liberación y el bienestar familiar de la empresaria se encuentran entre los anhelos más repetidos desde distintos sectores.
El ministro de justicia se refirió al traslado de Epa Colombia
La decisión fue autorizada tras la intervención del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien confirmó que la medida respondió a amenazas recibidas por la influencer en el centro carcelario.
En diálogo con Blu Radio, Montealegre aseguró: “La condena que se le impuso, que no es por culpa de la justicia, sino de una mala política criminal, es muy alta y no corresponde a la gravedad de los hechos”. El funcionario sostuvo que el caso expone los problemas del “populismo punitivo”, orientado, según su perspectiva, a endurecer condenas sin lograr avances tangibles frente a la criminalidad.
La movilización de Epa Colombia a la Estación de Carabineros, donde actualmente solo conviven otras dos mujeres privadas de la libertad, se concretó tras la solicitud formal de sus abogados. El titular de Justicia aclaró que “las razones específicas fueron de seguridad, por eso se trasladó”, en referencia a las amenazas reportadas por la defensa de la empresaria, y enfatizó el carácter excepcional de la decisión.
El traslado, autorizado poco después de que el presidente Gustavo Petro solicitara atención prioritaria para el caso, instaló discusiones sobre una posible presión política en el proceso. Montealegre aseguró que la prioridad fue la protección de la interna, argumentando: “Cuando se dan este tipo de amenazas en contra de una persona en una cárcel, se suelen tomar este tipo de decisiones”. Destacó que situaciones similares han motivado cambios de reclusión para otras personas privadas de la libertad expuestas a riesgos.
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