Por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia tramitar la expedición de una circular roja de Interpol contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha. El exfuncionario es señalado de haber participado en el entramado y pesa sobre él una medida de aseguramiento en centro carcelario.
Se busca “hacer efectiva la orden de captura emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá con ocasión de la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta el pasado 29 de julio”.
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La privación de la libertad del exdirector y procesado no ha podido efectuarse debido a que las autoridades desconocen su paradero; sin embargo, la investigación en su contra continúa. Ya fue imputado, junto con otros señalados responsables de los hechos de corrupción, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
El ente acusador atribuyó las responsabilidades de estos tipos penales a los procesados, según el rol que cumplieron en el entramado de corrupción y su grado de participación. No obstante, ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados.
Circular roja contra Carlos Ramón González, asilado en Nicaragua
Por otro lado, la entidad también está en la búsqueda de otro implicado en el caso: “La Fiscalía pidió nuevamente a la Interpol Colombia gestionar una respuesta a la solicitud de notificación roja de Interpol contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González”, precisó en un comunicado.
El exfuncionario se encuentra en Nicaragua, donde le fue otorgado un asilo político, luego de que la Embajada de Colombia en ese país solicitara la renovación de su residencia. Esto, pese a que ya estaba siendo investigado por estos hechos de corrupción. De hecho, la nota verbal emitida por la embajada está fechada el 21 de mayo de 2025, día en el que el procesado fue imputado formalmente por la Fiscalía.
González Merchán fue señalado como presunto responsable de delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos. Sin embargo, se llevaron a cabo trámites diplomáticos que permitieron su permanencia en Nicaragua, mientras evade la justicia colombiana, por eso es considerado un prófugo de la justicia.
El Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, solicitó al exdirector del Dapre en extradición, pero Nicaragua negó la petición, argumentando que estaría siendo víctima de una persecución. “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”, se lee en un comunicado oficial compartido por Caracol Radio.
La decisión del país centroamericano generó malestar en la administración de Colombia, que pidió reconsiderar el asilo otorgado al investigado, teniendo en cuenta que hay indicios de que pudo haber cometido varios delitos relacionados con corrupción y que existe material probatorio que podría evidenciar su actuar delictivo. Asimismo, recordó que el asilo no es un derecho del que pueda gozar una persona sobre la cual pesan decisiones judiciales.
“Este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”, expusieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Justicia en un comunicado.
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