
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha consolidado su posición como testigo clave en la investigación sobre el escándalo de corrupción en la entidad, tras obtener el principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía.
Sin embargo, la decisión de la juez 17 de garantías de Bogotá de realizar la audiencia bajo reserva suscitó debate entre las partes, pues aunque la defensa abogó por la apertura al público para proteger a su representado, finalmente primó el argumento de que su difusión podría afectar otras diligencias en curso.
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En todo caso, se estima que el exfuncionario esté próximo a encender nuevamente el ventilador, pues ahora tiene el compromiso de “delatar” a funcionarios del Gobierno nacional, el congreso y contratistas que pudieron haber participado en el desfalco de la entidad del riesgo.
El acuerdo judicial implica inmunidad penal por delitos de interés indebido en la celebración de más de 90 contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Este estatus lo obtiene gracias a su colaboración, que ha permitido identificar a cerca de 23 implicados.

A partir de los aportes de Pinilla, el proceso penal ha avanzado en conexiones que involucran a nombres relevantes de la política nacional. Entre los mencionados destacan Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, quienes —según el testigo— recibieron 3.000 millones y 1.000 millones de pesos respectivamente, sumas presuntamente desviadas de sobrecostos por carrotanques en La Guajira.
Además, la colaboración de Pinilla ha puesto a disposición de la Fiscalía documentos, grabaciones, mensajes y otras pruebas técnicas que también relacionan al exdirector del Dapre y de Inteligencia, Carlos Ramón González, como pieza clave en el esquema; y a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz en calidad de intermediaria, quien ya enfrenta imputación de cargos.
La justicia indaga también la posible implicación de otros exfuncionarios de alto rango, como los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Toda esta estructura habría operado a través de contratos inflados para la provisión de carrotanques destinados a suplir necesidades de agua en La Guajira, región incluso citada de manera reiterada en las declaraciones y las pruebas entregadas por Pinilla.
En la lista de señalados también figuran los congresistas Karen Manrique y Julio Elías Chagüi. Respecto al contrato para el municipio de Saravena, Arauca, Pinilla reveló detalles que comprometen directamente a la congresista Manrique.

En la documentación presentada previamente por el señalado y conocida por la revista Semana, se afirma que “la representante a la cámara, Karen Astrith Manrique Olarte, le preguntó de forma directa y puntual en dos o tres ocasiones sobre cómo se encontraba el trámite del proyecto de contrato a desarrollar en el municipio de Saravena, siendo ese el contrato que el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González le encomendó adelantar por medio de María Alejandra Benavides Soto”.
Pinilla aportó información precisa sobre las reuniones y conversaciones mantenidas con la congresista, quien solicitaba información específica y accedía a datos que después compartía con su pareja sentimental.
El acta de compromiso resalta la existencia de pruebas directas, como un mensaje del 12 de septiembre de 2023, cuando “KAREN ASTRITH MANRIQUE OLARTE, vía WhatsApp, a través del teléfono celular 313 265 XXXX le escribió con el propósito de agendar una reunión que programaría para el 20 de septiembre de 2023 y conocer los proyectos de la UNGRD en el departamento de Arauca”.
El caso no se limita a Arauca. La Fiscalía también detalla los vínculos del senador Julio Elías Chagüi con el escándalo. El documento indica que “mantuvo comunicación con Julio Elías Chagüi Flórez durante el mes de diciembre de 2023 hasta el momento de su salida de la UNGRD con la finalidad de realizar las respectivas coordinaciones sobre el proyecto de contrato de Sahagún - Córdoba”.

De acuerdo con la matriz de colaboración conocida por el diario nacional, Chagüi gestionaba la obtención del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), necesario para avanzar en el contrato, siguiendo instrucciones supuestamente dadas por el entonces director Olmedo López.
El acta concreta que “cuando tenían listo el presupuesto, el senador Julio Elías Chagüi tenía que realizar el trámite para conseguir el CDP, el cual iba a salir de la resolución del 11 de diciembre de 2023, ya que por indicaciones de Olmedo López el tema de congreso iba a salir por medio de esa resolución”.
Cabe recordar que Pinilla ya fue sentenciado a cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir y peculado relativo al mismo fraude. Sin embargo, el extenso aporte de pruebas que hizo viable la apertura de investigaciones contra múltiples actores permitió que la Fiscalía le concediera inmunidad penal por delitos adicionales a cambio de su cooperación.
A diferencia de la suerte que corrió el exsubdirector de la UNGRD, la situación del exdirector Olmedo López es diferente, pues un juez le negó el principio de oportunidad tras considerar insuficiente la solicitud de la Fiscalía. El ente acusador resolvió entonces retirar la apelación formulada y anunció la intención de presentar una nueva solicitud adecuada que garantice la colaboración de López dentro del marco legal, evitando que su aporte sea desestimado en el desarrollo del proceso judicial.
Esta sería la lista completa de salpicados por Sneyder Pinilla
- Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado de la República.
- Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes.
- Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Dapre.
- Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones.
- Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda.
- Luis Fernando Velasco Chaves, exministro del Interior.
- Julio Elías Chagüi, senador de la República.
- Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara.
- Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la Ungrd.
- Eduardo Rivero Rey, vinculado al presunto ofrecimiento de soborno de $13.000 millones.
- Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre.
- César Augusto Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública.
- Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor del director de la Ungrd.
- Luis Eduardo López Rosero, contratista de la Ungrd.
- Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la Ungrd.
- Harry Bejarano.
- Camilo Díaz.
- Juan Carlos Torres.
- Edilberto Torres Montes.
- Gustavo González Ruiz, pareja sentimental de la congresista Karen Manrique Olarte.
- Hugo Tolosa.
- María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Olmedo de Jesús López, exdirector general de la Ungrd.
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