La intervención de EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ha desencadenado un conflicto jurídico y político entre el Gobierno colombiano y el Grupo Keralty, principal accionista de la entidad.
Aunque la Corte Constitucional falló a favor de Keralty y ordenó la devolución de la administración de la EPS, la Superintendencia aún no ha cumplido la sentencia, lo que ha generado inquietud sobre el impacto en la prestación de servicios de salud y en el derecho fundamental a la salud de los usuarios, según reportó El Tiempo.
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Incumplimiento del fallo y acciones legales de Keralty
El conflicto se originó tras la intervención de EPS Sanitas en abril del 2024, una medida que, de acuerdo con Keralty, debía revertirse tras la decisión de la Corte Constitucional.
La compañía sostiene que la Superintendencia ha dilatado la entrega de la EPS mediante recursos y solicitudes que, en su opinión, no suspenden la orden judicial.
“La Supersalud no ha dado cumplimiento a lo ordenado”, afirmó el Grupo Keralty, señalando que esta situación representa un incumplimiento abierto de la sentencia constitucional y configura comportamientos ilegales que afectan la seguridad jurídica.
Desde la perspectiva de Keralty, el trasfondo del conflicto radica en una diferencia profunda de visión sobre el sistema de salud colombiano.
Mientras el Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, impulsa una reforma estructural que aún no ha sido aprobada, Keralty defiende el modelo vigente, al que considera perfectible pero funcional.
Juan David Riveros, abogado de la compañía, explicó a El Tiempo que esta discrepancia ha derivado en un trato discriminatorio hacia la organización.
“El Gobierno nacional, desde el inicio de su gestión, tiene una visión distinta del sistema de salud. Nosotros reconocemos las bondades del sistema actual y sabemos que hay aspectos por mejorar, pero no creemos que sea un sistema malo. En cambio, el Gobierno lo ve como un sistema fallido. Esa diferencia es el punto de partida de la discrepancia y del maltrato al que hemos sido sometidos”, expresó Riveros.
Impacto en la atención y argumentos legales en disputa
El principal temor de Keralty es el impacto de la crisis en la atención a los usuarios.
Riveros advirtió que la intervención ha deteriorado gravemente el sistema y ha provocado demoras en la prestación oportuna de servicios de salud, afectando no solo a los afiliados de EPS Sanitas, sino a la comunidad en general.
“El sistema como tal se ha deteriorado de manera grave y eso se traduce en la falta de prestación oportuna de servicios por parte del Gobierno”, señaló el abogado.
En cuanto a los argumentos legales, Keralty sostiene que la Superintendencia ha recurrido a solicitudes de aclaraciones e incidentes de nulidad de la sentencia, pero que, según la ley, estas acciones no interrumpen el cumplimiento del fallo.
La compañía afirma que la entidad está acudiendo a excusas y disculpas ilegales para no cumplir la decisión de la Corte Constitucional.
Por este motivo, el Grupo Keralty ha instruido iniciar acciones judiciales contra los funcionarios que, a su juicio, han incurrido en comportamientos por fuera de la ley y en perjuicio de un derecho fundamental ya reconocido por la Corte.
La Superintendencia, por su parte, argumenta que ha presentado recursos legales que, en su criterio, justifican la demora en la devolución de la EPS.
Sin embargo, Keralty rechaza esta postura y recalca que ni la solicitud de aclaraciones ni el incidente de nulidad suspenden la sentencia, por lo que la administración de Sanitas debió ser restituida desde el 1 de agosto, fecha en la que la compañía solicitó el cumplimiento de la sentencia.
Hasta el momento, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la solicitud de cumplimiento, aunque Keralty espera una respuesta en los próximos días.
En paralelo, la compañía ha iniciado procesos judiciales contra funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Gustavo Petro, por la intervención de abril del año pasado. Según Riveros, todos los procesos siguen en curso y, hasta ahora, ninguno ha sido desestimado.
Keralty confía en que las decisiones judiciales le darán la razón, tanto en el ámbito jurídico como en su visión sobre la mejora del sistema de salud.
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