Supersalud interviene a la ESE Universitaria del Atlántico por crisis financiera y fallas en servicios

El ambiente en la ESE Universitaria del Atlántico cambió de manera abrupta el martes 19 de agosto. Desde las 11:00 a. m., funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud ingresaron a la entidad para ejecutar una intervención inmediata, medida que busca frenar el deterioro financiero y operativo que, según denuncias, amenaza con paralizar por completo a esta red pública hospitalaria.

La escena fue contundente, mientras avanzaban por las instalaciones, los delegados de Supersalud sellaban oficinas de la gerencia, el área jurídica y el departamento de sistemas. A la par, gran parte del personal era retirado de sus puestos, mientras en las puertas se fijaban avisos en los que quedaba oficializada la toma de posesión de la institución.

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La decisión no llegó de manera sorpresiva para médicos y trabajadores. Desde 2024, las protestas fueron recurrentes. Reclaman pagos atrasados, falta de medicamentos y carencia de insumos básicos para atender a los pacientes. A la crisis salarial se suma el cierre de servicios en hospitales públicos del Atlántico, lo que dejó en evidencia la fragilidad del sistema en la región.

Un auxiliar de enfermería, Wilson Granadillos, resumió el sentimiento del personal a Blu Radio: “Estamos a la expectativa, porque tememos y no sabemos cuándo vamos a recibir nuestro dinero, qué va a pasar con nosotros. Entonces, el temor es ese, que quedemos en el aire. Pensábamos que de pronto la ESE podría solucionar las deudas en algún momento, pero ya vimos que no”.

En su resolución, la Superintendencia explicó que la intervención se extenderá por un año. La medida responde a 49 hallazgos identificados en visitas previas de inspección y vigilancia. Entre los principales problemas señalados figuran la precariedad en los servicios de urgencias y farmacia, las fallas en seguridad del paciente y el deterioro progresivo de las finanzas institucionales.

El informe oficial también enumeró aspectos específicos como la “inadecuada e insegura prestación del servicio a los usuarios, que no cuenta con existencia de medicamentos y de insumos médico quirúrgicos para la atención de los pacientes, inadecuado manejo de residuos hospitalarios e inadecuada gestión financiera, produciendo desequilibrio en la operación”.

La intervención supuso de inmediato un relevo en el mando. La gerente de la ESE fue apartada del cargo, la junta directiva quedó disuelta y la Supersalud designó como agente especial interventor al doctor Fredys Miguel Socarrás Reales, que desde el mismo 19 de agosto asumió como representante legal de la red pública hospitalaria.

Con esta decisión, la Superintendencia busca recuperar el rumbo de una entidad clave para la atención en el Atlántico, pero cuya inestabilidad administrativa y financiera ha puesto en riesgo no solo a sus trabajadores, sino también a miles de pacientes que dependen de sus servicios.

Aunque la intervención pretende enderezar el camino, entre los empleados el ambiente sigue cargado de incertidumbre. Muchos de ellos trabajan bajo contratos de prestación de servicios y temen que la transición administrativa no resuelva pronto lo que más les preocupa, los salarios atrasados. “Estamos a la expectativa”, insisten, con la esperanza de que esta medida no se quede en una simple sustitución de directivos, sino que logre sanear las cuentas y garantizar la estabilidad laboral.

La situación de la ESE Universitaria del Atlántico no se reduce a balances en rojo. En hospitales de la red se cerraron servicios completos por falta de recursos, afectando directamente a comunidades que dependen de la atención pública. La escasez de insumos médicos, los problemas de gestión de residuos y las fallas en seguridad del paciente son síntomas de un colapso que trasciende lo administrativo y toca de lleno la prestación de los servicios de salud.

La intervención, según Supersalud, busca precisamente evitar que la institución “se venga abajo” y garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad del agente interventor para recuperar la confianza del personal, renegociar deudas y restablecer los servicios suspendidos.