Juez de Barranquilla frenó el concurso de la Fiscalía para asignar 4.000 puestos de trabajo: habrían vulnerado derechos de un aspirante

Una jueza de Barranquilla ordenó suspender de inmediato el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación, operado por la Universidad Libre, en el que se ofertaban cerca de 4.000 cargos a nivel nacional.

La medida se adoptó tras la acción de tutela interpuesta por un ciudadano que consideró vulnerados sus derechos fundamentales al verse impedido de participar en igualdad de condiciones.

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Según detalló la jueza Amalia Rondón Bohórquez en el fallo, existe “un riesgo inminente de que la protección se torne ineficaz, dado que la prueba escrita está programada para el 24 de agosto de 2025. Entonces, de llevarse a cabo, y si posteriormente se amparan los derechos del actor, la vulneración a su derecho a participar en igualdad de condiciones se habría consumado”.

En ese contexto, el despacho encontró que en esta tutela se cumplían los tres requisitos fijados por la Corte Constitucional: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y proporcionalidad. El auto precisa que “la medida no resulta desproporcionada, por cuanto se ponderaron los hechos frente a la posible vulneración de derechos fundamentales y el interés público de garantizar la transparencia y legalidad en los concursos de mérito”.

Por esta razón, el juzgado admitió la acción de tutela promovida por Nelson Uribe Martínez contra la Fiscalía y la Universidad Libre, vinculó al proceso a todos los aspirantes inscritos para el cargo de profesional de gestión II, identificado bajo el código OPEC I-109-M-06-(32), y suspendió de forma inmediata las pruebas escritas previstas para el 24 de agosto de 2025, hasta que exista un pronunciamiento de fondo.

Según la información entregada por el juzgado, a Uribe Martínez se le habría negado el derecho a participar de la convocatoria por no cumplir con la experiencia requerida, al parecer, porque no validaron su trabajo como docente de derecho.

Sin embargo, el demandante argumenta que ejercer como docente cuenta como ejercicio del derecho, por lo que consideró desproporcionada la decisión de la institución educativa de excluirlo del proceso.

En las órdenes emitidas, la magistrada exigió tanto a la Fiscalía como a la Universidad Libre presentar en un plazo de 24 horas un informe sobre los hechos materia de la tutela. Además, la institución de educación superior deberá notificar “de manera inmediata la decisión a todos los aspirantes inscritos, bajo constancia de entrega”.

La suspensión temporal del concurso pone en pausa un proceso clave para el recurso humano en la entidad investigativa y deja en suspenso a miles de candidatos que esperaban participar en las pruebas escritas.

De hecho, se tenía previsto que cerca de 100.000 aspirantes se dieran cita para cumplir con el requisito exigido por el ente acusador, aunque no se han confirmado si las pruebas serán aplazadas.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo, advirtió que si no se revoca la medida cautelar antes de las 5:00 p. m. del viernes 22 de agosto, el Estado perdería entre cinco y siete mil millones de pesos, suma ya invertida en la organización del examen para aspirantes, según informó en rueda de prensa realizada este miércoles.

El funcionario detalló que estos recursos corresponden a conceptos como impresión de cartillas de cuestionario, transporte, logística y contratación de personal. Además, subrayó la afectación para las más de 98.000 personas que ya habían realizado gastos para movilizarse a los distintos puntos establecidos por la entidad.

De acuerdo con Giraldo, la decisión de la jueza Rondón Bohórquez, quien suspendió temporalmente el concurso, se dictó solo un día después de la presentación de la tutela el pasado 13 de agosto. El funcionario explicó que la persona que elevó la tutela no fue admitida para presentar la prueba por no acreditar la experiencia mínima necesaria exigida para la preselección en la convocatoria.

Giraldo agregó que podría existir algún tipo de conflicto de intereses por parte de la jueza, que tampoco cumplía con las exigencias de la Fiscalía para hacer parte del concurso de méritos.

Como consecuencia, la Fiscalía anunció la radicación de una queja disciplinaria ante la Seccional Barranquilla de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esta instancia deberá determinar las eventuales faltas en las que habría incurrido la jueza, valorar si es válida la suspensión del concurso y, en caso de que la jueza haya tenido interés en el proceso, establecer si debió declararse impedida y trasladar la tutela a otro despacho judicial.

El director Giraldo manifestó que la expectativa es que las 120 sedes programadas puedan atender a los concursantes el domingo, siempre y cuando la decisión judicial sea revocada antes del plazo previsto.