Integrantes de los grupos criminales más temidos en Colombia han circulado libremente en diferentes regiones gracias a vehículos de alta gama, escoltas armados y recursos estatales durante la vigencia de negociaciones de paz.
Mientras tanto, alcaldes y líderes sociales reclaman protección ante la creciente violencia en sus municipios, pero las autoridades centrales les han respondido que no hay fondos suficientes para su seguridad.
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Según informó Semana, estos recursos se canalizaron preferentemente hacia la protección de enviados del ELN y las disidencias de las Farc.
Documentos oficiales, revisados por Semana, confirman que delegados de estas organizaciones han accedido a camionetas financiadas por el Estado, además de bonos mensuales para combustible y escoltas proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La principal fuente del dinero fue el Fondo de Programas Especiales para la Paz, dirigido por el Departamento Administrativo de la Presidencia. En palabras de una fuente perteneciente a las Fuerzas Militares “estos vehículos son utilizados para moverse sin ninguna persecución por el país. Mueven armamentos y cocaína”.
Durante 2024, en el contexto de los diálogos con el ELN, seis integrantes de la guerrilla recibieron siete vehículos, cuyo arriendo mensual ascendió a 106.836.925 pesos, junto con 7.981.370 pesos en gasolina y el acompañamiento de 15 escoltas.
En detalle, a alias Antonio se le aprobaron dos vehículos arrendados por 16.238.113 pesos cada uno, una cuota de combustible de 1.150.000 pesos y dos escoltas. A alias Violeta se le asignó combustible por 1.050.000 pesos y un guardaespaldas.
Por su parte, las disidencias de las Farc implicadas en las mesas de negociación aprovecharon la disposición estatal con diez camionetas cuyo arrendamiento mensual se estimó en 199.448.324 pesos, bonos de gasolina valorados en 9.040.158 pesos, y escoltas que sumaron 25 agentes. Alias Andrey recibió dos camionetas por un valor conjunto de 26.417.357 pesos, combustible por 789.041 pesos y cuatro escoltas. Alias Calarcá obtuvo una camioneta de 11.747.280 pesos, combustible de 416.295 pesos y tres escoltas.
La selección de los protegidos quedará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que estará obligada a realizar un informe mensual sobre quiénes permanecen activos dentro de los procesos de negociación y deben ser resguardados.
Según el acuerdo, están en funcionamiento cuatro mesas de diálogos y cinco espacios sociojurídicos, sin que hasta el momento se registren resultados significativos que beneficien al país.
La administración de la Casa de Nariño ha asignado 6.050.000.000 de pesos provenientes del Fondo de Programas Especiales para la Paz para continuar con estas medidas, mientras la UNP aportará recursos en especie equivalentes a 467.762.510 pesos.
Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, cuestionó la situación al señalar: “Líderes sociales y alcaldes piden protección para ellos, y se les dice que no hay para ellos. No es justificable que el Gobierno sí esté protegiendo a los criminales en medio de la paz total”.
UNP advierte sobre crisis de protección a políticos en Colombia
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, alertó sobre la presión creciente que enfrenta el sistema de protección estatal en Colombia debido al aumento de solicitudes de seguridad por parte de parlamentarios, líderes sociales, precandidatos y candidatos.
Rodríguez advirtió que la capacidad de la entidad resulta insuficiente frente a la demanda, pues los vehículos blindados y el personal de escolta no alcanzan para cubrir todas las solicitudes.
Esta advertencia surge tras denuncias públicas de figuras políticas que han cuestionado la cobertura ofrecida por la UNP, especialmente después del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, un hecho que expuso deficiencias en los dispositivos de protección y aumentó la preocupación de líderes sociales y políticos.
Rodríguez señaló que la flota de vehículos blindados es limitada y se deben distribuir los recursos entre todos los grupos en riesgo, incluidas personas que lideran procesos sociales en territorios vulnerables.
El funcionario explicó que muchos solicitantes presentan sus peticiones sin la debida antelación, lo que complica la organización y asignación eficiente de recursos.
Casos como el del precandidato Gustavo Bolívar, que no recibió el vehículo oficial en Cali, reflejan la tensión existente entre la expectativa de protección y los recursos disponibles. Rodríguez mencionó la existencia de mafias asociadas a la disposición de vehículos y reiteró la necesidad de planificación responsable para enfrentar una demanda cada vez mayor.
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