Uno de los aspectos menos difundidos pero clave de la Ley 820 de 2003, conocida como la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana, ofrece una protección legal para los inquilinos en Colombia. La normativa contempla que los arrendadores deben indemnizar a los arrendatarios en ciertos casos de terminación unilateral del contrato, lo que busca compensar los posibles perjuicios generados por una desocupación sin previo acuerdo.
De acuerdo con el artículo 22 de la ley, “el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento”.
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La disposición protege al inquilino, que suele ser la parte más vulnerable en la relación contractual, y obliga al propietario a asumir las consecuencias económicas si decide finalizar el contrato de manera anticipada.
Las situaciones en las que se puede exigir el pago
El pago de esta compensación se exige en dos situaciones claras:
- Cuando el propietario necesita el inmueble para vivir él mismo o su familia directa.
- En casos en los que el inmueble será demolido o se reformará para dar paso a una nueva construcción.
En ambas situaciones, la ley indica que el arrendador debe notificar con antelación mínima de tres meses y hacer la consignación de la indemnización a favor del inquilino.
“La indemnización correspondiente equivale al valor de tres meses de arriendo vigente al momento de la notificación”, señala la norma. El trámite se debe hacer ante la autoridad competente y notificar de manera fehaciente al arrendatario. Solo así, el propietario puede dar por terminado el contrato por estas causales legalmente permitidas.
Procedimientos a seguir
La ley es clara respecto a los procedimientos que deben seguirse:
- La notificación debe enviarse por medio de un servicio postal autorizado.
- El pago de indemnización debe formalizarse antes de la fecha de entrega del inmueble.
- Si el arrendador no cumple estos pasos, el arrendatario queda habilitado para continuar en la vivienda y el contrato se prorroga de manera automática, según los términos pactados al inicio.
Causales que no exigen indemnización
También se detallan causales de terminación que no exigen indemnización, como:
- Incumplimiento en el pago del arriendo, de los servicios públicos o gastos comunes.
- Cesión no autorizada del contrato.
- Uso no permitido o las actividades ilícitas en el inmueble.
“En estas circunstancias, el arrendador puede solicitar la terminación del contrato sin necesidad de compensación”, precisa el marco legal. No obstante, la ley exige que cualquier incumplimiento sea debidamente probado, lo que brinda al arrendatario una protección adicional contra señalamientos anticipados o infundados.
Cuáles son las justas causas
Según el artículo 22, se consideran justas causas la falta de pago dentro de los plazos acordados, el impago de servicios públicos que derive en la suspensión del servicio, el subarriendo no autorizado, el uso indebido del inmueble y el quebrantamiento de normas de propiedad horizontal, en caso de que el bien esté sujeto a ese régimen.
Para el pago de indemnización, el procedimiento implica consignar el monto correspondiente en una entidad autorizada, en el que se deje constancia del motivo y los datos exactos del arrendatario. “La entidad competente notificará luego al inquilino mediante copia del título o comunicación oficial”, dice la norma.
El derecho a recibir la indemnización también resalta la importancia de que el propietario cumpla con el preaviso y con todos los requisitos legales y formales. Así, la Ley 820 de 2003 ofrece a los inquilinos una herramienta de respaldo ante decisiones unilaterales, contribuyendo a equilibrar la relación entre las partes.
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