Ante el escándalo que surgió por la renovación de la residencia del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González en Nicaragua, el Gobierno nacional anunció que pedirá a la administración de ese país que entregue al hoy procesado. Pues, tiene una orden de captura vigente por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En consecuencia, el Ministerio de Justicia, a cargo de Eduardo Montealegre, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que tramite la extradición del exfuncionario, para que sea trasladado a Colombia para que se ejecute la orden de captura y la medida de aseguramiento que hay en su contra.
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De acuerdo con la cartera, el pedido de extradición está fundamentado en un tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, que fue suscrito por ambos países en Managua (Nicaragua) el 25 de marzo de 1929. Con base en esa solicitud, el ministerio indicó que tanto la cartera como el Ministerio de Relaciones Exteriores estarán listos para contribuir al proceso de extradición. Esto, una vez las autoridades judiciales remitan los documentos requeridos para ello.
“El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia”, precisó.
La petición formal la recibió la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que informó al Ministerio de Justicia que el ente investigador ya inició los trámites para pedir a Carlos Ramón González en extradición.
La polémica detrás del paradero de Carlos Ramón González
Estas actuaciones del Gobierno surgen luego de que se fuera señalado de estar ayudando al exfuncionario, debido a que, según documentos revelados por Noticias RCN, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de su residencia en ese país. La petición se hizo el 21 de mayo de 2025, fecha en la que González fue imputado por la Fiscalía por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.
“Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”, se lee en uno de los documentos expuestos por el tema citado.
Además, por medio de un correo electrónico, la Dirección General Consular de Nicaragua avaló el trámite e informó que el procesado podía hacer la renovación de su cédula de residencia en la Sede Central de Migración y Extranjería en Managua.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que la solicitud que se hizo desde la Embajada de Colombia en ese país no fue consultada ni autorizada por nadie en la Cancillería. En ese sentido, anunció investigaciones disciplinarias de los funcionarios que pudieron estar involucrados en el caso.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la cooperación judicial y el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional; razón por la cual la información conocida el día de hoy será remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno para las indagaciones disciplinarias a que haya lugar”, detalló la Cancillería en un comunicado.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa en contra de funcionarios por determinar de dicha cartera por estos hechos. La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público busca determinar qué trámites se llevaron a cabo para que Carlos Ramón González contara con su residencia en Nicaragua y para que tuviera acceso a un vehículo a la casa oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua.
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