Daniel Briceño arremetió de nuevo contra el alcalde Galán por la relación entre Carlos Ramón González en la administración de comedores comunitarios de Bogotá

Las conexiones familiares y los antecedentes dentro de dos organizaciones sin ánimo de lucro han generado interrogantes sobre la transparencia en la administración de los contratos de alimentación en Bogotá.

El análisis detallado de la base de datos estatal revela que estas entidades, vinculadas a Carlos Ramón González, mantienen convenios vigentes por al menos 32 contratos que le han representado ingresos por valor de 15.639 millones de pesos.

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Este escenario cobra relevancia tras la reciente orden de captura emitida contra González por el escándalo que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según reportó El Tiempo, la Corporación Sor Teresa de Calcuta y la Corporación Asís de Colombia cuentan hoy con millonarios contratos con la Alcaldía de Bogotá, todos ligados a la prestación de servicios en comedores comunitarios.

La revisión de la documentación muestra cómo González y su familia han ocupado cargos clave dentro de estas fundaciones.

En el caso de la Corporación Sor Teresa de Calcuta, se verificó que tanto González como su hermana Lina María González Merchán figuraban en 2023 como presidente y tesorera de la junta directiva.

Adicionalmente, el representante legal actual, Carlos Alberto Camacho Sánchez, mantiene un vínculo familiar directo, pues es pareja de la hija mayor de González.

Esta corporación ha suscrito acuerdos con la Secretaría de Integración Social por un valor de 2.106 millones de pesos para el presente año, con el objetivo de “aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para contribuir al acceso a los alimentos a través de la entrega de un apoyo alimentario… para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población beneficiaria del servicio Comedores Comunitarios”.

La Corporación Asís de Colombia, por su parte, también sostiene una trayectoria prolongada como contratista del programa de comedores comunitarios.

La actual representante legal es Sulay Patricia Ortiz Merchán, sobrina del exfuncionario, según información consignada en el Registro Único de Empresas y Sociedades.

Esta entidad ha recibido desde 2018 contratos que suman 14.198 millones de pesos, y para el año 2025 mantiene convenios activos con un valor de 2.086 millones de pesos, extendiendo su participación en el programa hasta el 31 de diciembre de este año.

El caso ha motivado duras críticas en el Concejo de Bogotá.

Daniel Briceño, concejal de la ciudad, cuestionó la continuidad de estos vínculos contractuales.

“Estoy muy preocupado por algo que está pasando en la Secretaría de Integración Social. Señor presidente, mientras en el gobierno nacional echaron al señor Carlos Ramón González, mientras lo mencionan todos los días en los medios de comunicación como uno de los cabecillas o presuntos cabecillas del escándalo de la Unión Nacional de Gestión del Riesgo, mientras los medios de comunicación y la ciudadanía lo señala de estar vinculado a eso, la alcaldía de Carlos Fernando Galán le acaba de entregar 2.993 millones de pesos en contratos en la Secretaría de Integración Social”.

El concejal también advirtió sobre aparentes conflictos de interés en el manejo ético de estas entidades, al indicar que “el representante legal de una de estas fundaciones es uno de los miembros del comité de ética del Partido Verde que hoy está investigando al señor Carlos Ramón González dentro del partido”.

Cerró su intervención frente al cabildo, reclamando coherencia y advirtiendo sobre las implicaciones políticas y sociales de este tipo de adjudicaciones.

“Mientras uno de los principales implicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está saliendo del Gobierno Nacional, pues aquí lo reencauchamos y le seguimos dando contratos”.

La vigencia de los contratos adjudicados a las fundaciones vinculadas con González se extiende, en su mayoría, hasta el 31 de diciembre de este año.

La discusión sigue abierta sobre los criterios de contratación y la supervisión de estos programas sociales en la capital del país.